Diputados mantienen pulso para desaforar jueces constitucionales de Guatemala

Guatemala, 30 jun (EFE).- Los diputados que integran una comisión pesquisidora contra cuatro de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala mantuvieron este martes el pulso en su afán de continuar con el proceso de desafuero contra los jueces del máximo tribunal, pese a que este ordenó su cancelación el pasado sábado.

El presidente de dicha comisión pesquisidora del Congreso, Luis Alfonso Rosales Marroquín, dijo a la prensa que como integrante de la misma 'somos congruentes con la posición que hemos asumido'.

La comisión que lidera Rosales Marroquín, diputado del derechista partido Valor, está compuesta además por otros dos legisladores, y tenía como objetivo -hasta su cancelación- llevar a cabo una investigación para recomendar o no la remoción del proceso de desafuero (antejuicio) contra los magistrados constitucionales.

Rosales Marroquín reconoció que aún mantienen el expediente físico de la formación del antejuicio contra los cuatro magistrados constitucionales 'porque sobre él debemos trabajar', esto pese a que el Constitucional ordenó que le fuera entregado -sin éxito- el lunes por la noche el expediente original del proceso de desafuero en contra de los cuatro togados.

'La comisión se mantiene firme, está trabajando. Vamos a hacer el trabajo de conformidad con lo que establece la ley en materia de antejuicio, no nos vamos a separar de ello. Vamos a velar por el derecho de defensa, el derecho de la debida audiencia y la presunción de inocencia. Vamos a velar por todas las garantías que a veces otras cortes y otros tribunales no lo hacen', esgrimió Rosales Marroquín.

La comisión pesquisidora está integrada además por los legisladores Santiago Nájera, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Douglas Rivero, de la agrupación política Partido Humanista.

Al momento de declarar ante la prensa, Rosales advirtió que aún no había sido notificada la comisión sobre la resolución de anoche de la Corte de Constitucional, en la que certificó lo conducente al Ministerio Público (Fiscalía), para que inicie una investigación a los siete congresistas que integran la comisión permanente del parlamento, encabezada por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, del partido oficial (Vamos).

El diputado admitió, sin embargo, que junto a los demás integrantes de las comisiones, tanto pesquisidora como permanente, tenían conocimiento 'que la CC ha asumido la posición de certificar lo conducente en contra de los miembros de la comisión permanente'.

Rosales indicó que, según él, entiende 'que así es el procedimiento', sin embargo, sostuvo que, como comisión, 'dudamos de la validez de ese apercibimiento (de la Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal del país)'.

Agregó que, a su entender, 'hay una duda muy importante desde el punto de vista legal sobre si la Corte puede hacer valer ese tipo de apercibimientos cuando se trata de un amparo provisional y no de uno definitivo'.

Los diputados acusados por la Corte de Constitucionalidad ante el Ministerio Público incluye a los miembros de la comisión permanente del Congreso guatemalteco, que se encuentra en su etapa de receso.

Además de Rosales, que funge como vocal de la comisión permanente del Congreso y del presidente de esta y titular del Organismo Legislativo, Allan Rodríguez, completan la misma los vocales Sofía Hernández (del aliado Unión del Cambio Nacional) y Armando Castillo (del conservador Visión con Valores).

También, los secretarios Rudy Pereira (del nacionalista Frente de Convergencia Nacional, el partido del exmandatario Jimmy Morales), y los mismos Rivero y Nájera.

La máxima Corte aseguró al filo de la media noche del lunes que el Congreso incumplió con la entrega del expediente original del proceso de retirada del fuero emprendido el pasado viernes contra sus cuatro magistrados constitucionales, denunciados por un abogado que pedía retirarles la inmunidad por haber otorgado un amparo a la Fiscalía que permitió paralizar la elección 200 jueces de la Corte Suprema de Justicia y las salas y cortes de Apelaciones en marzo pasado.

Los magistrados constitucionales fueron denunciados por el abogado José Roberto Guzmán Hernández, uno de los aspirantes a integrar una sala de Apelaciones.

La denuncia fue tramitada por magistrados suplentes la Corte Suprema, quien trasladó el antejuicio contra Gloria Porras, Neftaly Aldana, José de Mata Vela y Bonerge Mejía a la comisión permanente del Congreso.

Según expertos, la elección de 250 jueces es trascendental para la lucha anticorrrupción del país centroamericano. EFE

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