El clan Rajapaksa afianza su control sobre Sri Lanka con un nuevo ministerio

Colombo, 8 jul (EFE).- Basil Rajapaksa, el hermano del actual presidente de Sri Lanka y del primer ministro, juró este jueves como nuevo ministro de Finanzas, despertando la preocupación de activistas pro derechos humanos a cerca del creciente control del clan sobre la nación isleña.

Basil Rajapaksa accedió al Parlamento gracias a la dimisión de un miembro de la cámara, así como a la eliminación de una cláusula constitucional que le impedía ser miembro al contar con la doble nacionalidad estadounidense.

Esto le ha permitido ocupar la cartera de Finanzas, que hasta ahora ostentaba el actual primer ministro y expresidente Mahinda Rajapaksa.

Este último, por su parte, asumió hoy la dirección del recién creado Ministerio de Políticas Económicas.

Además de contar con Gotabaya Rajapaksa como presidente del país, el clan familiar dispone también de la presencia de Chamal Rajapaksa como Ministro de Riego y Namal Rajapaksa como Ministro de Juventud y Deportes.

FÉRREO CONTROL

'Claramente el país se dirige a una situación peor de la que nos encontramos ahora, esto va a acabar en una dictadura', lamentó a Efe la activista pro derechos humanos Sandya Eknaligoda, esposa del periodista desaparecido Prageeth Eknaligoda.

La activista afirmó que las esperanzas de lograr justicia ante las violaciones de derechos humanos registradas en la nación isleña, como es el caso de su esposo, se han esfumado todavía más con el nombramiento de un nuevo miembro de la familia Rajapaksa en el parlamento.

El Centro de Alternativas Políticas (CPA) hizo pública su preocupación por la llegada de Basil Rajapaksa al poder en un comunicado.

'Permitir que los partidos políticos nombren a quien deseen para cubrir puestos vacantes, ideados con este propósito, socava el valor de los votantes y contribuye a inflar de forma innecesaria y arbitraria el poder de los líderes de los partidos políticos', señaló.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los activistas en favor de los derechos humanos temen que se dé carpetazo a las investigaciones sobre las desapariciones forzosas que se produjeron durante el mandato de Mahinda (2005-2015), en el que Gotabaya fue secretario de Defensa y el responsable de la ofensiva final contra la guerrilla de los Tigres de Liberación de la Patria Tamil (LTTE).

Aquella operación, que puso fin en 2009 a casi tres décadas de guerra civil, causó la desaparición de al menos 23.000 personas, según las denuncias recibidas por la estatal Oficina de Personas Desaparecidas de Sri Lanka, aunque Amnistía Internacional eleva esa cifra a una horquilla de entre 60.000 y 100.000 personas.

El Gobierno de Sri Lanka ha sido acusado de arremeter contra las voces críticas y entorpecer la investigación de los crímenes cometidos durante la guerra civil por organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).

El Parlamento Europeo llamó, el pasado junio, a retirar el estatus preferencial GSP+ por la decisión de las autoridades de mantener la criticada Ley de Prevención del Terrorismo (PTA, en sus siglas en inglés) en contra de las promesas de las autoridades de retirarla. EFE

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EFE

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