El desplazamiento forzado por la maras, una violación de derechos humanos
EFE
Badajoz (España), 23 oct (EFE).- El desplazamiento forzado interno en países azotados por las pandillas debe considerarse 'una violación continua y múltiple de derechos humanos', que sólo puede entenderse como superada cuando los afectados retornan en condiciones 'dignas y con seguridad', según se ha revelado durante la presentación de un informe sobre las llamadas 'maras' presentado hoy en la localidad de Badajoz (Extremadura, España).
El informe 'Efectos y consecuencias del desplazamiento forzado en la educación de los niños, niñas y adolescentes de El Salvador', a cargo de la organización humanitaria Save The Children y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID), analiza las consecuencias de separar de su familia a menores de Centroamérica por la violencia pandillera.
En el documento se recogen experiencias de las víctimas, 'personas que se vuelven invisibles por un fenómeno complejo, el desplazamiento forzado', ha expuesto el director general de la AEXCID, Ángel Calle.
En este marco, Calle ha incidido en que muchos de los casos se desenvuelven en el anonimato, 'en un sistema de atención a víctimas débil, que no permite evidenciar la magnitud del problema”.
En la presentación también ha participado el director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de Save The Children, David del Campo, y la coordinadora del informe, la abogada Micaela Rainieri.
La ONG desarrolla desde hace años acciones de cooperación financiadas por la AEXCID con menores oriundos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), niños y adolescentes forzados a huir de la violencia delictiva de las “maras” o pandillas.
'Nos preocupamos de los motivos de las migraciones –ha afirmado Ángel Calle en la presentación- con especial interés el que separa a la infancia de las escuelas, asunto que elevaremos a instancias de la Unión Europea', afirmó Calle.
A su juicio, el estudio lleva a reafirmar la importancia que tiene un sistema educativo que garantice la protección del menor y de su contexto familiar. 'Solo teniendo rigor y precisión elevaremos nuestra cooperación al nivel de excelencia política que los extremeños y extremeñas quieren que tenga su política de solidaridad”, apuntó.
Calle se ha mostrado tajante en la defensa del derecho del menor a no ser separado de la familia, a una especial protección y cuidado, y el derecho a la educación.
Sin embargo, se trata de 'derechos vulnerados desde la niñez y adolescencia'. EFE
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