El destape de la corrupción debilita la gobernabilidad en Brasil y Guatemala

BOGOTÁ. Poner la corrupción al descubierto es la consigna del momento en algunos países latinoamericanos como Brasil y Guatemala, donde los actuales mandatarios están bajo sospecha y la gobernabilidad se tambalea a medida que avanzan las investigaciones.

La detención de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por sus presuntos vínculos con una red de corrupción enquistada en las aduanas de Guatemala ha puesto al presidente de ese país, Otto Pérez Molina, en una situación similar a la de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, con el gigantesco escándalo en Petrobras.

Mientras en Brasil grupos opositores tratan de impulsar un juicio político de la presidenta con vistas a su destitución, en Guatemala el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) solicitaron hoy el “antejuicio” de Pérez Molina.

El antejuicio tiene como fin quitar la inmunidad al jefe de Estado para que pueda ser investigado por el mismo caso por el que la “número dos” de su Gobierno renunció en mayo pasado y fue detenida hoy.

La principal diferencia entre la situación de Pérez Molina y la de Rousseff es que él debe dejar el poder pronto -el 6 de septiembre los guatemaltecos elegirán a su sucesor- y ella inició su actual mandato, que es el segundo consecutivo, el 1 de enero de 2015.

Por el caso “La Línea”, como se conoce la red que propiciaba fraudes aduaneros a cambio de dinero, hay hasta ahora 27 detenidos, incluida la ex vicepresidenta Baldetti.

Por el caso Petrobras hay una larga y creciente lista de políticos, exdirectivos de la petrolera y ejecutivos de importantes constructoras que son investigados como sospechosos de beneficiarse de un sistema que servía para ganar mucho dinero a costa de la empresa, lo que equivale a decir del Estado.

La envergadura del escándalo es tal que la organización anticorrupción Transparencia Internacional se propone investigar posibles “réplicas” de esta alianza ilícita entre grandes empresas constructoras y el poder político en siete países de América Latina: Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Este jueves la Fiscalía brasileña denunció formalmente ante la justicia al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y al senador y expresidente Fernando Collor de Mello por su supuesta participación en la red de corruptelas en la petrolera.

La denuncia en contra de Cunha, que acusa al Gobierno de estar detrás de la acción de la Fiscalía contra él, puede poner a Rousseff más cerca de un juicio político.

Los promotores de ese juicio y los cientos de miles de personas que se han manifestado en las calles para pedir la renuncia de Rousseff piensan que la presidenta estaba al tanto de lo que sucedía en Petrobras y lo mismo opinan de Pérez Molina los manifestantes que reclaman que deje el poder y se atrasen las elecciones.

La fiscal general Thelma Aldana y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, también dijeron hoy que, de acuerdo al material recabado durante las investigaciones, Pérez Molina presuntamente está implicado en el caso de defraudación aduanera.

En Panamá, la justicia investiga al menos 200 denuncias de corrupción presentadas por el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela contra la anterior Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), de que fue vicepresidente hasta 2011.

Martinelli, que lleva fuera del país desde enero y afirma ser víctima de una “persecución”, enfrenta, hasta ahora, tres casos en la Corte Suprema de Justicia, la única instancia que lo puede procesar por su condición de diputado ante el Parlamento Centroamericano.

En Chile, un país que hasta hace poco se consideraba inmune a la corrupción, también cuecen habas y la presidenta Michelle Bachelet se vio rozada por un caso en el que están investigados su hijo y su nuera, así como por otro en el que es indagado el recaudador de los fondos de la campaña que la llevó a la Presidencia.

Giorgio Martelli es una de las 19 personas que la Fiscalía ha pedido procesar por delitos tributarios y violaciones de la ley de donaciones, en el marco de las investigaciones por los casos de corrupción de dos grandes conglomerados empresariales, el grupo Penta y la minera SQM.

Sobre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa Angélica Rivera, había sombras de duda desde que a finales de 2014 en informaciones periodísticas se señalaran presuntas irregularidades en las compras de algunas propiedades inmobiliarias y se diera a entender que pudieron recibirlas como pago de favores.

Sin embargo, una investigación oficial sobre esas operaciones inmobiliarias, presentada hoy, concluye que no hay nada que reprochar a la pareja presidencial ni al ministro de Hacienda, José Luis Videgaray, quien también fue objeto de denuncias similares.

En Perú, esta semana las organizaciones no gubernamentales Proética y Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo lanzaron la primera “brigada anticorrupción”, una grupo formado por ciudadanos que se dedicarán a recoger denuncias y vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas del país. EFE

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