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El Episcopado español reprocha al Gobierno la ley de Memoria Democrática

Madrid, 1 oct (EFE).- Los obispos españoles reprocharon este jueves que el Gobierno pretenda establecer 'una especie de historia oficial' por medio de una futura ley de Memoria Democrática, y defendieron la permanencia de la gran cruz del Valle de los Caídos como 'símbolo de reconciliación' entre los españoles enfrentados en la Guerra Civil (1936-1939).

El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, manifestó ante la prensa la preocupación de los prelados por el futuro de ese complejo monumental, mandado construir por el dictador Francisco Franco 50 kilómetros al noroeste de Madrid, donde vive una comunidad benedictina y tienen sepultura miles de víctimas de los dos bandos de la contienda.

El general Franco, vencedor de la guerra, también fue enterrado allí cuando murió, en 1975, aunque sus restos fueron trasladados a un cementerio de la periferia de Madrid en 2019 por decisión del Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez, avalada por el Tribunal Supremo.

Pero lo verdaderamente 'grave', según el Episcopado, es que el anteproyecto legislativo de Memoria Democrática pretenda escribir 'una especie de historia oficial' y, además, 'quiere hacerla pauta educativa' para que se aprenda en los centros de enseñanza.

La CEE considera que esa ley, que deberá aprobar el Parlamento a propuesta del Gobierno, supondría 'una enmienda' a algunos de los aspectos centrales de los acuerdos alcanzados por las fuerzas políticas españolas durante la Transición democrática después de la muerte de Franco.

Preguntado por la posible salida de los monjes benedictinos de la abadía del Valle y su reconversión en un cementerio civil, el portavoz respondió que, al margen de lo que se decida, 'en ese lugar sigue habiendo un templo' y 'si hay cruz y basílica, para nosotros es importante que haya una comunidad que mantenga el culto'.

Aseguró que todos los cementerios parroquiales acogen a todo el mundo, creyentes y no creyentes, por lo que los obispos no ven motivo para transformar el cementerio religioso en uno civil.

El Gobierno español anunció el 15 de septiembre pasado la creación de una Fiscalía especial en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, a la que podrán acudir las familias para presentar denuncias de desapariciones, según prevé el anteproyecto legislativo.

El Ejecutivo pretende ampliar la reparación y el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Además, se espera recuperar unos 25.000 cadáveres todavía en fosas comunes y se prohíbe la exaltación de la dictadura.

La propuesta normativa prevé transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil en el que se rinda homenaje a todos los que reposan en la cripta de la basílica. Para ello se prevé retirar a los monjes benedictinos que la custodian aunque, de momento, no está sobre la mesa demoler la gran cruz que la corona, visible desde varios kilómetros de distancia. EFE

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