El expresidente sudafricano Zuma desafía una orden judicial de declarar

Johannesburgo, 1 feb (EFE).- El expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) afirmó hoy que no piensa declarar ante una comisión oficial que investiga una presunta gran trama de corrupción durante su mandato, a pesar de que el Tribunal Constitucional del país emitió el pasado viernes un dictamen que le ordena testificar.

'No temo ser arrestado, no temo ser condenado y no temo ser encarcelado', afirma el exmandatario en un comunicado emitido este lunes.

Según Zuma, la decisión del Constitucional demuestra que el aparato judicial está 'politizado'.

El expresidente acusa a los tribunales de tratarle de forma discriminatoria y de negarle sus derechos individuales como ciudadano.

'Está para mí muy claro que estoy siendo señalado con un trato diferente y especial por parte del conjunto del sistema legal y judicial', recalca Zuma, que compara incluso esta supuesta persecución contra él con la represión que sufrió en los tiempos de la segregación racial del 'apartheid'.

'Por tanto, declaro por avanzado que la Comisión sobre las Alegaciones de la Captura del Estado no puede esperar, en adelante, más cooperación por mi parte, en ninguno de sus procesos. Si esta postura se considera una violación de sus leyes, que la ley siga su curso', manifiesta el polémico expresidente en el texto.

La negativa de Zuma a declarar implicaría su ausencia en la próxima cita fijada para que declare, el próximo 15 de febrero.

No es la primera vez que se niega a testificar, pero sí será la primera después de que el Tribunal Constitucional emitiese su dictamen especificando que Zuma no tiene derecho a incumplir con las citaciones de la comisión ni de guardar silencio frente a sus preguntas.

La denominada Comisión de Investigación de la Captura del Estado había recurrido al máximo tribunal del país para forzar el testimonio del expresidente porque en la última ocasión en que se presentó ante la comisión, en noviembre, aprovechó un descanso para marcharse sin dar explicaciones y sin haber prestado testimonio.

Esa comisión busca aclarar si durante el Gobierno de Zuma el aparato público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar fraudulentamente al poder y a empresarios afines, quienes incluso definían la entrada y salida de los ministros.

Zuma, que fue forzado a dimitir por su propio partido a comienzos de 2018 en medio de numerosos escándalos de corrupción, niega las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política.

Encabezada por el juez Raymond Zondo, la comisión de investigación no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.

En paralelo a esta investigación, Zuma está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.

Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada. EFE

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