El fujimorismo critica pago a Odebrecht que ayudará a revelar más corrupción

Lima, 6 nov (EFE).- El ala fujimorista de la comisión permanente del disuelto Congreso de Perú solicitó este miércoles al Gobierno explicaciones sobre la devolución de 524 millones de soles (unos 155 millones de dólares) a la constructora brasileña Odebrecht que estaban retenidos hasta que la Justicia aprobó la transferencia.

El martes se conoció que la jueza María Ángeles Álvarez resolvió que no existía controversia en el acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) suscrito entre la Fiscalía de Perú y Odebrecht, por lo que autorizaba la devolución del dinero retenido a la empresa por la venta la hidroeléctrica de Chaglla, en el centro del país.

Esta transferencia permitirá en un principio que la empresa siga aportando información a la Fiscalía sobre los receptores de los sobornos y donaciones irregulares que efectuó a altos funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, entre los que aparentemente también hay congresistas.

En el último interrogatorio realizado el mes pasado por los fiscales peruanos al exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata, este argumentó que no podía facilitar los nombres de los congresistas beneficiados por los pagos de la compañía porque esta se encontraba sin liquidez para poder acudir a sus archivos.

FUJIMORISTAS INTRANQUILOS

El pedido al Gobierno para que dé explicaciones lo inició el fujimorista Luis Galarreta, quien se dirigió al presidente de la comisión permanente, Pedro Olaechea, para exhortarle a que se defina una posición del grupo sobre el tema.

'Hoy día los peruanos ya nos enteramos que el Estado, a través del Poder Judicial, ha decidido el pago de millones de millones a la empresa Odebrecht. La pregunta sería: ¿esta comisión va a pedir algún informe? Nosotros deberíamos tomar una posición, no necesariamente en un debate, sino se lo traslado a usted como presidente del Congreso', expresó Galarreta.

Se sumó a este pedido su colega Rosa Bartra, quien señaló que es 'inquietante que frente a la deuda inmensa que tiene Odebrecht con el Perú y su inminente quiebra, el Estado, a través de los entes que correspondan, haya dispuesto la devolución del dinero retenido por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla'.

Agregó además que el Estado, en las condiciones en las cual está el acuerdo de colaboración eficaz, no garantiza que la reparación civil sea pagada.

NO ESTÁ DENTRO DE SUS FACULTADES

No obstante, los miembros de izquierda Indira Huilca y Marco Arana señalaron que ese pedido escapa de las atribuciones de la Comisión Permanente, pues el Congreso ya fue disuelto.

'El Tribunal Constitucional (TC) ha sido claro en que la Comisión Permanente no es un pleno reducido del Parlamento. La función comisión permanente tiene que ver con la revisión de los decretos de urgencia, así que me sorprende mucho que se esté queriendo, otra vez, sobrepasar esas funciones', señaló Huilca.

El TC respondió este martes al Congreso sobre la demanda competencial de la disolución del Congreso, en el que se admite a trámite la misma, pero que detalla que ello no suspende el proceso electoral convocado para elegir a un nuevo parlamento, previsto para el 26 de enero.

NUEVA FECHA DE INTERROGATORIO

Tras conocerse la decisión judicial que habilitaba el pago para Odebrecht, la Fiscalía peruana ha fijado para el 13 de diciembre un nuevo interrogatorio a Barata en el que se le volverá a preguntar por los congresistas cuyas campañas electorales fueron financiadas irregularmente por Odebrecht.

El caso Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica al haber entregado millonarios sobornos en al menos una docena de países para adjudicarse grandes contratos de obra pública, además de haber financiado de manera irregular las campañas de grandes líderes políticos.

Por este caso en Perú están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), pendiente de que se resuelva un pedido de extradición a Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), para el que la Fiscalía pide 20 años de prisión, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario.

También estaba investigado el expresidente Alan García (2006-2011), quien se suicidó de un disparo en la cabeza cuando en abril iba a ser detenido por la Policía, mientras que en prisión preventiva permanece desde hace más de un año la líder opositora Keiko Fujimori. EFE

EFE

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