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El Gobierno francés aprueba una nueva ley contra el terrorismo 'endógeno'

Antonio Torres del Cerro

París, 28 abr (EFE).- El Gobierno francés aprobó este miércoles un nuevo proyecto de ley contra lo que define de amenaza 'endógena', más difícil detectar y que concierne a individuos sin relaciones con redes terroristas islamistas y radicalizados por internet, como el hombre que asesinó a una policía el pasado 23 de abril.

'Desde noviembre de 2015, ningún atentado lo han cometido personas que regresaban de las guerras en Irak y Siria (al servicio del grupo Estado Islámico). Hemos pasado de una amenaza exógena a una endógena', dijo el ministro del Interior, Gérald Darmanin, en una comparecencia ante la prensa después del Consejo de Ministros.

El nuevo proyecto de ley, que aún debe aprobarse en el Parlamento y que se unirá a otras leyes antiterroristas como la de 2017, incluye medidas como una mayor vigilancia de la actividad en las redes sociales y un seguimiento especial de los condenados por terrorismo una vez que dejen la prisión.

El Ejecutivo calcula que de aquí a 2023 serán liberadas un centenar de personas encarceladas por ese tipo de delitos.

La norma se presenta cinco días después del atentado del 23, cuando Jamel G., un hombre no fichado, asesinó a cuchilladas a una empleada de la Policía en la comisaría de Rambouillet (afueras de París).

Este hecho, sucedido en plena crisis sanitaria de la covid, ha conmocionado a Francia, donde ya han muerto 269 personas en diferentes ataques inspirados en el integrismo islámico desde 2012.

TODOS LO MEDIOS CONTRA EL TERRORISMO

En la presentación de la ley, encabezada por el primer ministro, Jean Castex, y secundada por el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, y por el propio Darmanin, el Ejecutivo intentó resaltar su esfuerzo en el combate al terrorismo islamista, un terreno en el que la administración del presidente Emmanuel Macron ha sido criticada por falta de firmeza.

'Nuestro mensaje es claro. La República (francesa) pondrá todos los medios para luchar estrechamente contra el terrorismo islamista', proclamó Castex, quien desveló que en Francia se impidieron 36 atentados desde 2017.

El proyecto de ley buscará detectar las potenciales amenazas en las redes sociales e internet, terrenos fértiles para la radicalización, de acuerdo con el Gobierno.

Esa normativa impulsará el uso de algoritmos en la búsqueda de sospechosos, lo que permitirá acotar los filtros para localizar a los usuarios que por ejemplo hayan consultado vídeos de decapitaciones, un modo de ejecución usado por grupos islamistas, u otros datos que hagan saltar las alarmas.

'De este modo podremos conocer esa información, retirar el anonimato de esa persona y evaluar la amenaza', sostuvo Darmanin, quien adelantó que habrá 'garantías muy reforzadas' para evitar posibles abusos en la esfera de la privacidad.

Varias de la medidas aprobadas por el Gobierno ya se aplicaron durante el último régimen del estado de emergencia (2015-2017), que ahora pasarían a incluirse de manera definitiva en la legislación, un polémico punto para los defensores de las libertades individuales.

Los registros policiales se agilizarán en casos de 'amenazas graves' y no cuando los sospechosos planteen una situación 'particularmente grave', como hasta ahora. También se facilitará el cierre de lugares de culto que inciten 'a la violencia y al odio' y el de sus asociaciones vinculadas.

'NO MEZCLAR INMIGRACIÓN IRREGULAR CON TERRORISMO'

El perfil terrorista que se ha asentado en Francia en el último lustro preocupa especialmente al Gobierno, que busca combatirlo con este nuevo proyecto de ley.

Se corresponde con individuos que atacan solos, jóvenes y que no estaban fichados por los servicios de inteligencia.

Así eran los autores de los tres últimos atentados mortales en Francia. Jamel G., de 36 años, trabajaba como repartidor y compartía un estudio con su padre en la apacible zona de Rambouillet.

A ese perfil discreto y difícil de detectar respondía también Abdoullakh Anzorov, un refugiado ruso de 18 años y origen checheno que decapitó el 16 de octubre de 2020 al profesor Samuel Paty en las afueras de París.

Y también el asesino de Niza (sureste), quien el 29 de octubre de ese año irrumpió en una iglesia y mató a tres personas a cuchilladas. Este tunecino había entrado ilegalmente desde Italia y no estaba regularizado en Francia.

Jamel G. también había ingresado en Francia sin permiso. Se regularizó en 2019, diez años más tarde de su llegada al país.

Presionado por el campo conservador y la ultraderecha, que vinculan inmigración irregular y terrorismo islamista, el primer ministro salió al paso de las críticas.

'La cuestión hoy es cómo mejorar nuestra política contra el terrorismo. No hay que confundirla con la política migratoria. Confundirlas debilita ambas luchas', aseveró Castex, respondiendo así a las acusaciones de la líder ultraderechista Marine Le Pen, una de las favoritas a vencer las presidenciales de 2022. EFE

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