El Parlamento de Ucrania restaura los poderes de su agencia anticorrupción
Moscú, 15 dic (EFE).- La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania restauró hoy los poderes de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (ANPC), cuyas actividades fueron bloqueadas por una polémica decisión del Tribunal Constitucional (TC) de octubre pasado que sumergió al país en una crisis institucional.
Los diputados adoptaron este martes con 300 votos de un total de 352 a favor de unas enmiendas a la 'Ley sobre la Prevención de la Corrupción' que garantizan el funcionamiento adecuado de la institución, después de que el TC declarara inconstitucional parte de la legislación anticorrupción, informó la agencia Ukrinform.
Esa decisión judicial anulaba en la práctica el sistema de lucha contra la corrupción de Ucrania y el presidente del país, Vladímir Zelenski, advirtió de que ello podía suponer la pérdida de apoyo financiero de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que exigen reformas para una lucha eficaz contra la corrupción a cambio de su ayuda.
El TC consideró incompatibles con la Constitución los poderes de la ANPC de controlar y verificar las declaraciones de ingresos los funcionarios y jueces, monitorear el estilo de vida de los declarantes y tomar medidas de control financiero para detectar eventuales conflictos de interés.
La agencia encargada de la lucha contra la corrupción a su vez consideraba que la decisión judicial se hizo en medio de un conflicto de intereses, porque estaba revelando indicios de información falsa en las declaraciones de dos magistrados del TC.
El dictamen judicial desató protestas ante la sede del tribunal, en tanto que Zelenski propuso destituir al TC en pleno, algo que a su vez la oposición consideró inconstitucional.
El presidente del TC, Alexandr Tupitski, por su parte se negó a dimitir y dijo que el movimiento del mandatario tenía 'signos de un golpe constitucional'.
Finalmente la solución a la crisis institucional se produjo después de que Zelenski decidiera consultar a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, un órgano consultivo independiente sobre cuestiones constitucionales.
Las enmiendas adoptadas hoy estipulan que la ANPC sigue teniendo tiene la autoridad para monitorear y controlar la aplicación de la legislación sobre el comportamiento ético, la prevención y la resolución de conflictos de interés en las actividades de personas que ejercen funciones públicas a nivel estatal o local.
Sin embargo, restringen su actuación en relación a delitos cometidos por jueces o magistrados del TC.
En este caso, la agencia ya no tendrá el derecho a actuar sola en caso de detectar un posible delito, ya que deberá informar ahora al Consejo Supremo de Justicia o el propio Tribunal Constitucional sobre la detección de posibles delitos.
A raíz de las enmiendas aprobadas, la agencia recupera además el acceso las 24 horas al día al registro estatal unificado de declaraciones de personas autorizadas a ejercer funciones públicas, el cual había perdido a raíz del dictamen del TC. EFE

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