El presidente de Panamá abre diálogo sobre cuestionada reforma constitucional

Giovanna Ferullo

Panamá, 13 nov (EFE).- Estudiantes universitarios y grupos civiles de Panamá han salido a las calles a protestar contra una reforma constitucional que consideran excluyente y cosmética, impulsada por el presidente Laurentino Cortizo, que ha respondido abriendo un diálogo al que, dijo, espera que todos se sumen.

La reforma constitucional es una promesa de campaña de Cortizo, un empresario y exlegislador de 66 años que llegó al poder hace cuatro meses para el período 2019-2024 de la mano del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), que cuenta con amplia mayoría en el Parlamento unicameral, el encargado de aprobar la propuesta antes de que sea sometida a referendo.

Cortizo ha establecido una mesa de diálogo en la que participa la Concertación Nacional, el ente civil creado en 2008 que agrupa a 23 sectores del país y que redactó la reforma, y con representantes de organizaciones sociales y de estudiantes, que se mantienen en la calle protestando y exigen que se frene la discusión parlamentaria de la propuesta de cambios constitucionales.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

La propuesta original presentada por el Gobierno de Cortizo y elaborada durante 9 meses por la Concertación consta de 40 artículos que incluyen temas relacionados con la administración de justicia, la salud, la educación, el medioambiente, la descentralización o el funcionamiento del Parlamento.

Pero durante el debate en la primera de las dos legislaturas que debe superar la reforma en el Parlamento, los diputados sumaron cambios o dejaron por fuera planteamientos del Ejecutivo, y aprobaron finalmente un documento de 96 artículos.

Iniciativas de los diputados como criminalizar la opinión publicada en redes sociales o medios tradicionales, crear fiscalías especiales, afectar la autonomía universitaria o determinar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer fueron la mecha que encendió las calles en contra de las reformas.

Ya Cortizo anunció que recomendará que en la segunda legislatura que comenzará en enero próximo, el Parlamento modifique y elimine un total de 20 artículos incluidos en el paquete de reformas aprobado en el primer período parlamentario que culminó en octubre.

'Estamos mejorando y eliminando una serie de artículos. En el caso particular mío (...) he presentado mis observaciones, que es lo que esperamos (que hagan) las diferentes universidades, gremios' en las reuniones que se realizarán hasta diciembre próximo convocadas por el Ejecutivo y junto a la Concertación, dijo Cortizo.

Al final, agregó 'es el pueblo soberano el que decide si o no' acepta los cambios a la Constitución en un referendo, que el Ejecutivo espera que se celebre en el 2020, porque el país tiene 'dos vías: una es quedarnos con la actual Constitución, y otra es hacer el esfuerzo de mejorarla'.

LOS RECLAMOS DE LA JUVENTUD Y DIVERSOS SECTORES SOCIALES

Sectores estudiantiles exigen el 'retiro inmediato y completo del paquete de reformas constitucionales' con el argumento de que su redactor, la Concertación Nacional, 'no cuenta con representación de todos los sectores de la sociedad', y que la Asamblea Nacional, de amplia mayoría oficialista 'no cuenta con la confianza necesaria para proponer, debatir y aprobar reformas constitucionales'.

Durante la discusión 'los diputados propusieron y aprobaron reformas antipopulares que restringen derechos y empeoran las falencias estructurales que perpetúan la corrupción y la impunidad', argumentaron los estudiantes, entre otros, en una carta abierta.

Piden que se instale una mesa de diálogo convocada por el Gobierno en la que participen 'todas las fuerzas vivas del país' y que trabaje para lograr un 'gran consenso nacional sobre el futuro de nuestra Constitución'.

'Es importante que este proceso avance de manera transparente y participativa', dijo el pasado viernes el representante estudiantil Freddy Pitti, en una primera reunión con Cortizo y la Concertación.

RECHAZO GENERAL A LOS ACTORES DEL PROCESO DE REFORMA

Un estudio realizado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) reveló que el 88,2 % de los panameños considera que es necesario reformar la Constitución, pero también que el 85,6 % confía 'poco o nada' en el Parlamento, el 81,7 % en el Ejecutivo y el 73,3 % en la Concertación Nacional para acometer la tarea.

El 55,3 % de los encuestados contestó que debe ser el propio pueblo panameño el que lidere la reforma a la Carta Magna, un resultado que apunta a que 'el proceso de reformas constitucionales fue planteado al revés, y posiblemente sea el origen del descontento que se ha manifestado en las calles', de acuerdo con el análisis del CIEPS.

Hay sectores políticos y académicos que exigen que sea una Asamblea Constituyente la que lleve adelante los cambios a la carta magna porque, argumentan, el Parlamento no va a aprobar una reforma que le quita a los diputados poder y discrecionalidad.

'La solución es una Constituyente Originaria, soberana, de plenos poderes, elegida con la más amplia participación, fuera del ámbito de la partidocracia', dijo a Efe el doctor en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad de Notre Dame, Carlos Guevara-Mann.

Y aunque el propio Cortizo ha dicho que dentro de la Asamblea Nacional 'hay quien no quiere los cambios', también ha sostenido que espera que los diputados tomen en cuenta durante la discusión que comenzará en enero próximo todas las 'observaciones' de la sociedad. EFE

EFE

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