El sector empresarial guatemalteco apoya que el Congreso fiscalice a la CICIG

Guatemala, 4 oct (EFE).- El sector empresarial guatemalteco aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se pronunció este viernes a favor de la fiscalización legislativa a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El presidente del CACIF, Juan Carlos Tefel, defendió la potestad de los diputados de 'tener comisiones y hacer audiencias en el Congreso como parte del proceso' de investigación a la CICIG, pues 'están en su derecho'

Agregó que la comisión legislativa para investigar lo actuado por la comisión que auspició la ONU durante 12 años en Guatemala 'no está juzgando, porque eso es competencia de los tribunales', y subrayó la importancia de que los congresistas que integran el ente hagan 'una recopilación, una memoria histórica' sobre lo realizado por la CICIG.

El primer día de audiencias de la entidad parlamentaria se llevó a cabo este jueves en el Salón del Pueblo del Palacio Legislativo, al que acudieron algunos de los supuestos perjudicados por la Comisión Internacional.

Tefel insistió en que 'al parecer' hay 'víctimas que han sufrido ilegalidades' durante los procesos de investigación que realizó CICIG y sostuvo que los testimonios de las personas son importantes 'en aras de la transparencia' para saber 'si hay ilegalidades'.

Mientras la comisión fiscalizadora de la CICIG iniciaba su trabajo este jueves, el cual estaba previsto que arrancara el 7 de octubre pero que se adelantó porque supuestamente tienen muchas solicitudes y casos, un grupo de 13 diputados presentó una carta abierta en contra de este ente del Congreso, que se suma a los amparos interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad, el mayor tribunal del país.

Los congresistas que firmaron la misiva aseguraron que ese ente, creado de forma imprevista en el Congreso para fiscalizar los 12 años de la CICIG, es una 'afrenta a la historia y a los ideales de cambiar el país' y que su formación puede ser 'inconstitucional' y sus acciones 'ilegales'.

Durante 12 años, la CICIG y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de 'alto impacto', presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de 1.500 personas y unas 660 están procesadas.

Pero en agosto del año pasado, el presidente Jimmy Morales, que junto a su familia fue acusado de casos de corrupción, anunció que no renovaría el mandato de la CICIG al acusarla de una supuesta 'injerencia en los asuntos internos. EFE

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