Etiopía reafirma acusaciones sobre falta de imparcialidad de cargos de la ONU
EFE
Adís Abeba, 1 oct (EFE).- El Gobierno de Etiopía se reafirmó hoy, pese a las críticas recibidas, en su decisión de expulsar a siete altos funcionarios de distintas agencias humanitarias de la ONU, a los que acusa de asistir a los rebeldes de la región norteña de Tigray.
En un comunicado difundido por el ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo etíope recordó que, en noviembre de 2020, firmó un memorándum de entendimiento con las agencias de la ONU para la provisión de ayuda humanitaria, pero acusó a los cargos de la ONU sancionados de haberlo incumplido.
'En relación a la actual situación en la parte norte de Etiopía, hemos observado con tristeza que algunos trabajadores de la ONU no han logrado cumplir su misión independiente e imparcialmente', señala el comunicado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó también que se advirtió a la ONU de esas 'serias violaciones' sin éxito.
'Por tanto, como medida de último recurso, el Gobierno de Etiopía pidió a algunos funcionarios de las agencias de la ONU que abandonaran el país', agrega el texto.
Para 'evitar confusiones' respecto a la medida adoptada, el ministerio presenta una lista de algunas de las presuntas violaciones cometidas por las agencias de la ONU implicadas, tales como la transferencia de equipos de comunicación a los rebeldes de Tigray o la diseminación de 'desinformación' y la 'politización' de la ayuda humanitaria.
La expulsión de los siete altos funcionarios de la ONU, que fueron declarados 'persona non grata' con un plazo de 72 horas para salir del país, fue anunciada ayer, jueves, y la lista incluye, entre otros, a la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Etiopía, Adele Khodr; y la directora de Oficina de la ONU para la Coordinación de Ayuda Humanitaria (UNOCHA), Marcy Vigoda.
La medida se adoptó después de que organizaciones humanitarias denunciaran el acceso limitado a la región norteña de Tigray, que se mantiene en conflicto con el Gobierno central.
La ONU ha advertido repetidamente de la grave crisis humanitaria en Tigray y otras zonas y ha denunciado en varias ocasiones las dificultades que está encontrando para llevar ayuda a la población.
La guerra de Tigray comenzó el pasado 4 de noviembre, cuando el Gobierno etíope lanzó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), partido que gobernaba la región entonces, tras una escalada de tensiones políticas y en represalia por un ataque contra una base militar federal.
El pasado 28 de junio, el Ejecutivo etíope anunció un 'alto el fuego unilateral humanitario' y el Ejército se retiró de varias ciudades tigriñas -incluida la capital, Mekele-, pero las fuerzas amharas, que peleaban junto al Gobierno y anexionaron de facto zonas sobre las que reivindican derechos históricos-, siguieron allí.
En ese contexto, los rebeldes de Tigray recuperaron terreno y el conflicto se extendió a las regiones vecinas de Afar y Amhara.
Desde noviembre, miles de personas han muerto, unos dos millones se han visto desplazados internamente en Tigray y al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, según datos oficiales.
Además, casi siete millones de personas afrontan una 'crisis de hambre' en el norte de Etiopía por la guerra, advirtió el pasado mes el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.
Agencias de la ONU como Unicef y actores internacionales como la Unión Europea o Estados Unidos enviaron mensajes criticando las expulsiones ordenadas por el Gobierno etíope. EFE
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