Exagente de Pinochet pide por tercera vez libertad provisional en Australia
Sídney (Australia), 29 abr (EFE).- Un juez australiano dejó este miércoles visto para sentencia su decisión sobre la tercera petición de libertad provisional por motivos de salud de Adriana Rivas, la exagente del dictador Augusto Pinochet requerida en Chile por la desaparición de siete personas hace más de cuatro décadas.
El juez Robert Williams, del Tribunal Local del estado australiano de Nueva Gales del Sur, tiene previsto anunciar su decisión el próximo 13 de mayo, dijo a Efe la abogada Adriana Navarro, quien representa a las familias de seis presuntas víctimas de Rivas.
Rivas fue detenida el pasado febrero en Sídney, a raíz de una demanda de extradición de Chile que se dirime en los tribunales de la capital de Nueva Gales del Sur.
El proceso de extradición de Rivas está previsto para el 16 y 17 de junio próximos en un tribunal del estado, aunque la exagente también está a la espera de una decisión sobre el acceso a documentos de la fiscalía en una instancia federal.
Chile pidió la extradición de Rivas en 2014 por su participación en siete secuestros calificados como desapariciones ocurridos entre 1974 y 1977, cuando era agente de la DINA, policía política de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Rivas trabajaba en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y era mano derecha de Manuel Contreras, considerado uno de los máximos criminales de la dictadura, cuando ocurrieron estas violaciones de los derechos humanos que se le atribuyen.
La acusada, vinculada a la brigada de exterminio Lautaro, vive desde hace más de tres décadas en Australia, donde ha trabajado cuidando niños y limpiando casas.
En 2006 viajó a Chile para visitar a su familia y fue arrestada, aunque logró huir nuevamente al país oceánico cuando se encontraba en libertad provisional.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas. EFE