Excarcelado el exministro tunecino de Agricultura

Túnez, 1 dic (EFE).- La justicia tunecina ordenó hoy la liberación del exministro de Agricultura, Samir Taïeb, en prisión preventiva desde mediados de octubre por su supuesta implicación en un caso de corrupción, informó el sustituto del fiscal general del Tribunal de apelación de la capital, Habib Torkhani, en declaraciones a la radio local Mosaïque FM.

Tres funcionarios fueron puestos también en libertad mientras que otros cuatro continúan sin poder abandonar el país hasta que se concluya la pesquisa judicial, según esta fuente.

Un mes antes, abogados y activistas por los derechos humanos denunciaron una campaña de difamación y ajuste de cuentas contra el exministro e instaron al presidente de la República, Kais Said, a no 'instrumentalizar' el poder judicial.

El pasado 26 de octubre el tribunal especializado en delitos económicos y financieros ordenó prisión preventiva contra Taïeb y otros siete altos funcionarios por sospechas de competencia desleal y blanqueo de dinero a través de una licitación pública de material informático por un valor superior a 800.000 dinares (equivalente a cerca de 245.000 euros).

Dicho contrato habría sido firmado en 2014, dos años antes de que el jurista y profesor universitario tomara su cargo, en el que se mantuvo durante cerca de un lustro durante el gobierno de Youssef Chahed, según los defensores de Taïeb.

Semanas antes, la justicia dictó una medida similar contra el exministro encargado de las relaciones con la sociedad civil Mehdi Ben Gharbia y doce empleados de sus compañías especializadas en transporte aéreo, a los que imputa cargos de falsificación de documentos y blanqueo de dinero.

Desde que el pasado 25 de julio el mandatario decretase el Estado de excepción- que incluyó el cese del primer Ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida- ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de 'recuperar la paz social'.

Said declaró entonces la guerra a la corrupción y a la oligarquía política y financiera que controla los recursos del país, a la que acusa de desviar el proceso democrático iniciado con la revolución de 2011 tras dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.

Con el fin de recuperar el dinero público, el dignatario propone una amnistía fiscal que podría beneficiar a un total de 460 empresarios- a los que se les acusa de haber evadido hasta 4.000 millones de euros durante la dictadura- a cambio de invertir en proyectos públicos.

Durante este periodo, la justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares- arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a libertad de expresión; lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos. EFE

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