Exiliados piden a presidenta interina de Bolivia derogar amnistía de 2003
Miami, 3 dic (EFE).- Cuatro exministros bolivianos en el exilio reclamaron a la presidenta interina de su país, Janine Áñez, que derogue dos decretos de amnistía dictados en 2003 en favor de los participantes en las protestas, incluyendo a Evo Morales, que ese año llevaron a la caída del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Carlos Sánchez Berzaín, Mirtha Quevedo, Dante Pino Archondo y Javier Tores-Goitia hicieron esta petición y pidieron 'justicia' en una carta entregada en el Palacio de Gobierno en La Paz por personas que los representan.
En la carta, a la que Efe tuvo acceso y que muestra el sello del Palacio, los que fueron ministros de Sánchez de Lozada indican que su petición obedece al hecho de que Áñez y su Gobierno han hecho hincapié en la 'No impunidad' como elemento esencial del Estado de Derecho.
'El texto y aplicación de los dos decretos supremos (27234 y 27337) demuestran que se dio amnistía solamente a los agresores del orden público y a los conspiradores triunfantes del derrocamiento del Gobierno constitucional que empezaron, causaron y se beneficiaron política y económicamente con los hechos de confrontación, violencia y muerte que causaron', señalan.
Uno de los líderes de esas protestas fue Evo Morales, quien después fue elegido presidente y asumió en 2007 el cargo, en el que permaneció hasta el mes pasado, cuando renunció precisamente en medio de un movimiento de protestas por un supuesto fraude electoral.
Sánchez Berzaín, Quevedo, Pino y Torres-Goitía recuerdan que en base a los decretos firmados en 2003 por el entonces presidente, Carlos Mesa, Morales, cuando llegó a la Presidencia, inició procesos penales contra ministros y altos mandos militares del Gobierno de Sánchez de Lozada.
'Los agresores se convirtieron en denunciantes, acusadores, testigos y víctimas, que lejos de contribuir a la verdad de los hechos construyeron un relato falso y manipulado, que la democracia debe esclarecer', señalan en su carta.
Los exministros denuncian que 'al beneficiar solamente a quienes señala como participantes de la protesta social, se establece un régimen de impunidad'.
A su juicio, eso supuso la violación de 'las garantías constitucionales de presunción de inocencia, igualdad jurídica, derecho de defensa en juicio e imparcialidad' y un atentado contra 'los derechos consagrados por los artículos 3, 6, 7, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos'
'El régimen de impunidad y de injusticia establecido por los decretos supremos de amnistía de octubre y noviembre de 2003 ha beneficiado principalmente a Evo Morales que a partir de la falsa narrativa de octubre de 2003 pudo llegar a la Presidencia y establecer el régimen dictatorial al que la Nación Boliviana acaba de comenzar a derrotar', agregaron.
Los firmantes de la carta terminan señalando que 'como exiliados políticos víctimas de los hechos descritos' y para que la verdad del derrocamiento de Sánchez de Lozada salga a la luz y se haga justicia piden a la presidenta interina que 'abrogue mediante decreto supremo los decretos supremos 27234 y 27337'.
En abril de 2018, un jurado de Miami responsabilizó por unanimidad a Sánchez de Lozada y a Sánchez Berzaín de la muerte de ocho personas durante el llamado 'Octubre negro' en Bolivia, en 2003, y fijó compensaciones por 10 millones de dólares.
Sin embargo, el juez James Cohn anuló después la decisión al considerar que los demandantes, familiares de ocho de las víctimas, no deberían ser indemnizados porque no había pruebas de la responsabilidad de los Sánchez en las muertes.
Por su parte, Evo Morales abandonó Bolivia el pasado 11 de noviembre después de que las Fuerzas Armadas lo forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México. La renuncia de Morales ha sido calificada como 'golpe de Estado' por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.
Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política. EFE
EFE