Fiscalía de Nicaragua acusa a tres universitarios opositores a Ortega

Managua, 10 feb (EFE).- La Fiscalía de Nicaragua acusó este lunes a tres universitarios que se han manifestado en contra del Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Los universitarios, que han participado activamente en los piquetes de protestas que se realizan en la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, fueron acusados por un supuesto robo de 600 córdobas (unos 18 dólares) en perjuicio de José Leonel Suazo Gutiérrez, de 23 años.

El titular del juzgado décimo distrito penal de audiencia de Managua, Celso Urbina, admitió la acusación, dictó prisión preventiva contra Kevin Roberto Solís, de 21 años, y giró orden de captura contra los otros dos universitarios: Enmanuel Torres y Gerson Suazo.

Los tres jóvenes fueron acusados por un supuesto robo agravado en perjuicio de otro joven el pasado lunes en las afueras de la UCA, después de un plantón contra el Gobierno sandinista.

Solís estuvo preso 11 meses por haber permanecido atrincherado en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) cuando estallaron las protestas contra el presidente Ortega por una impopular reforma a la seguridad social.

En esa ocasión fue acusado y condenado junto a diez estudiantes más por los delitos de obstrucción al servicio público.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y familiares de los manifestantes detenidos por protestar contra el Gobierno han acusado a la Policía Nacional y a la Fiscalía de inventar delitos contra los opositores, 'sembrado drogas y armas', para presentar los casos como delitos comunes.

'Los fiscales han armado causas ilegales y basadas en mentiras y falsedades; los jueces han actuado al margen de la ley, ejecutando la orden de condenar a nuestros familiares', señalaron en un documento en diciembre pasado.

El bufete jurídico Defensores del Pueblo ha denunciado que el Poder Judicial nicaragüense está condenando ahora a los opositores bajo delitos comunes y con policías como testigos, para evitar que sean llamados 'presos políticos'.

Según diversos sectores, las autoridades ahora están acusando a los opositores por delitos comunes, y no por los delitos de crimen organizado y terrorismo, como lo hicieron en un principio, antes de aprobar la polémica Ley de Aministía, el pasado 8 de junio.

En junio del año pasado el Ejecutivo nicaragüense liberó a los principales dirigentes de las protestas ciudadanas bajo una ley de Amnistía que, según la oposición, dejará impune la represión gubernamental.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un intento de 'golpe de Estado'.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ente tutelado por la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien atribuye incluso crímenes 'de lesa humanidad' en medio de la crisis. EFE

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