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Fiscalía especial egipcia, un instrumento para perseguir disidentes, según AI

El Cairo, 27 nov (EFE).- La Fiscalía de Seguridad del Estado egipcia, organismo encargado sobre todo de casos de terrorismo, se ha convertido en un instrumento para perseguir a los disidentes y manifestantes pacíficos en el país árabe, denunció hoy la organización Amnistía Internacional (AI).

En un amplio informe difundido hoy, la ONG ha documentado los casos de 138 detenidos por esta institución entre 2013 y 2019, 76 de los cuales fueron arrestados en base a sus actividades políticas o de abogacía de los derechos humanos.

La mayor parte de los casos son 'políticos', aseguró a Efe Hussein Baoumi, investigador de AI para Egipto y autor del informe, destacando que el mayor caso fue el de las limitadas protestas del pasado septiembre, por las que más de 4.000 personas fueron detenidas y muchas interrogadas por esta fiscalía.

En los pasados días, un activista de derechos de la minoría cristiana copta, Ramy Kamel, y un sindicalista también perteneciente a esta comunidad religiosa, Jalil Rizk, han sido llevados ante la fiscalía, que ha decretado prisión preventiva de 15 días para ambos por cargos relacionados con terrorismo, según Baoumi.

El papel de la Fiscalía de la Seguridad como, en palabras de AI, 'herramienta de represión' ha aumentado a partir de 2015, tras la llegada al poder del presidente Abdelfatah al Sisi, elegido en las urnas en 2014 tras liderar un golpe de Estado un año antes.

La institución tiene poderes especiales y asume la función de los jueces, por lo que puede encargarse de los detenidos durante los primeros 150 días, mientras que la Fiscalía General sólo lo hace durante los primeros 4 días tras su arresto y después pasan a disposición judicial.

Además tiene la potestad de decretar prisión preventiva durante esos cinco meses y posteriormente, cuando los detenidos pasan a un circuito de tribunales especiales de terrorismo, puede intervenir y revertir las órdenes judiciales.

Según el informe de AI, los detenidos cuyos casos pasan por esta fiscalía especial están una media de 345 días en prisión preventiva.

Asimismo, la ONG denunció que acepta como evidencias confesiones extraídas bajo tortura y no tiene en cuenta las denuncias de maltrato y abusos por parte de los detenidos, además de ignorar que algunos de ellos son mantenidos por las fuerzas de seguridad durante un tiempo en paradero desconocido, sin acceso a un abogado ni sus familiares, por lo que se consideran 'desaparecidos'.

El aparato de seguridad del ministerio público 'está ampliando la definición de terrorismo', destacó el investigador, ya que 'la mayoría de los casos no son de terrorismo sino oposición política o posturas diferentes a la línea general', como aquellos relacionados con la homosexualidad, penada en Egipto.

En la época del expresidente Hosni Mubarak, derrocado en la revolución de 2011, esta institución también llegó a ocuparse de los detenidos en una fiesta supuestamente de homosexuales, pero la mayor parte de los casos estaban relacionados con la violencia y eran menos los políticos, explicó Baoumi.EFE

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