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Gobierno de Chile pedirá nueva prórroga de militarización de zona mapuche

Santiago de Chile, 18 nov (EFE).- El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, adelantó este jueves en conferencia de prensa que el Gobierno pedirá al Congreso una nueva prórroga para extender por 15 días más la militarización de una zona del sur del país en la que existe un conflicto con indígenas mapuche.

La medida, que responde al nombre de estado de excepción constitucional de emergencia, habilita que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con las Fuerzas de Orden y Seguridad en operaciones de naturaleza policial.

Comenzó a regir por primer vez y durante 15 días el pasado 12 de octubre por decreto presidencial y a su término se alargó por igual periodo y por la misma vía.

Pasado ese primer mes, la siguiente prórroga necesitó de la aprobación del Congreso, que ahora recibirá un nuevo oficio del Gobierno para alargarla por 15 días más.

'El estado de excepción constitucional de emergencia vigente dura hasta el día 26 de noviembre, y la solicitud que le haremos al Congreso será justamente para poder desde el día 27 de noviembre y hasta el 11 de diciembre mantener y continuar con este importante trabajo que están realizando mancomunadamente nuestras policías, pero también con el Ejército y la Armada', afirmó Delgado.

La macrozona de aplicación abarca a las provincias de Bío-Bío y Arauco, en la región del Bío-Bío, y a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, zonas que han experimentado en los últimos tiempos una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales.

El Gobierno argumenta que es necesaria por el aumento de actos de violencia en esa parte del país, vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, cometidos por grupos armados.

Muchos de estos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales.

'Hemos obtenido resultados importantes. En números gruesos, bajar un 42 % los hechos de violencia desde que está instaurado este estado de excepción, y un 8 2% las usurpaciones. También hemos visto cómo han bajado los ataques en las rutas, que es algo que ha sido muy demandado por la ciudadanía, por la comunidad en general, por los gremios de esta macrozona', comentó Delgado.

La medida ha sido criticada desde el principio por organizaciones indígenas y por la oposición, que sostienen que es una forma de tensionar todavía más el enconado conflicto, y diversos diputados opositores ya anunciaron que votarán en contra de la prórroga.

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también expresó su preocupación por la militarización decretada por el Gobierno.

Según informaron medios locales esta jornada, el Ministerio de Defensa solicitó que efectivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) participaran como observadores en los patrullajes que realiza el Ejército en la zona. EFE

rfg/cpy

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