Gobierno de Guatemala firma acuerdo de 1996 para prever contaminación marina

Guatemala, 10 oct (EFE).- El Gobierno de Guatemala publicó este jueves en el diario oficial un texto de protocolo con el que se adhiere al convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, adoptado en Londres en 1996.

En este documento, el presidente, Jimmy Morales, declara que el Gobierno, después de haber 'examinado las disposiciones' de este protocolo se 'adhiere' al mismo y 'se compromete a cumplir y aplicar fielmente las disposiciones que en él figuran'.

Todavía no ha habido reacciones a este hecho, pero el presidente electo Alejandro Giammattei ha cuestionado que la actual Administración, que entregará el cargo el próximo 14 de enero, firme acuerdos sin tener en cuenta su opinión.

Y de hecho ya avanzó que el mismo 14 de enero anulara el reciente acuerdo gubernativo que da un plazo de dos años para prohibir totalmente el uso del plástico, porque a su juicio la contaminación es un problema que requiere de soluciones más integrales.

La Conferencia Intergubernamental para el Convenio, que se celebró en Londres en noviembre de 1972 por invitación del Reino Unido, adoptó este instrumento, uno de los primeros para la protección del medio marino de las actividades de los seres humanos.

El Protocolo de 1996 reemplaza al Convenio de 1972 y representa un cambio de criterio importante sobre la forma de reglamentar la utilización del mar como depósito de materiales de desecho y en lugar de establecer cuáles son los materiales que no pueden verterse prohíbe todo vertimiento', excepto los que están en la lista depermitidos.

Este documento, que entró en vigor en el año 2006 después de que se alcanzara el número mínimo imprescindible de ratificaciones, buscaba la protección del medio marino a escala global al regular su uso como depósito de materiales de forma más restrictiva a como se venía haciendo.

Incluye en su ámbito geográfico las aguas, el lecho marino y el subsuelo de todos los mares y deja a elección de los Estados la inclusión en su ámbito de aplicación de las aguas interiores. EFE

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