Holanda sigue con la polémica por avisar a España del paradero de Julio Poch

Imane Rachidi

La Haya, 14 may (EFE).- El Gobierno holandés acentúa su rifirrafe con el Parlamento negándose a explicar las 'interferencias políticas' en el caso del piloto Julio Poch, detenido en España gracias a un plan ideado por Holanda para extraditarlo a Argentina, donde pasó ocho años en prisión antes de ser absuelto en el juicio por los denominados 'vuelos de la muerte' durante la dictadura.

En una carta a los diputados a la que ha tenido acceso Efe, el ministro holandés de Justicia, Ferdinand Grapperhaus, se niega a publicar un documento donde se detalla la cuestión y el papel del Gobierno holandés en el plan que llevó a la detención de Poch, alegando que 'obstaculizaría' las investigaciones que está haciendo una comisión especial creada para estudiar lo ocurrido.

El ministro se comprometió a compartir con el Parlamento holandés toda información importante para el caso 'de forma inmediata' y a iniciar una investigación para 'encontrar la verdad', en el interés de Poch y del resto de la sociedad, dijo, pero no creó el comité independiente de investigación hasta mediados del pasado diciembre y tampoco informó de ello al Parlamento.

Dada su negativa, la mayoría parlamentaria le vuelve a exigir ahora la entrega de los documentos y le pide explicar lo que se sabe de la posible responsabilidad del Estado en el daño sufrido por Poch por sus ocho años de encarcelamiento, y subrayaron la obligación constitucional que tiene este funcionario público de proporcionar esa información.

'Al parecer, le resulta difícil al ministro responder a nuestras preguntas, que son muy concretas, y ahora prefiere usar la arbitrariedad. Da la sensación de que comparte los documentos que más le convienen y rechaza compartir los que no quiere', criticó en sesión parlamentaria el diputado progresista Sjoerd Sjoerdsma, de Demócratas 66, uno de los cuatro partidos que forman el actual Gobierno.

El diputado socialista Michiel van Nispen también instó al ministro a entregar y explicar el documento ministerial porque, si así lo pide el Parlamento, 'simplemente tiene que entregarlo, y no ocultarse detrás de un comité'.

El abogado de Poch, Geert-Jan Knoops, se mostró asimismo sorprendido por lo que considera una falta de cooperación por parte del ministro y subrayó que 'el estado de las cosas indica que este caso es políticamente muy explosivo'.

Poch, piloto holandés-argentino que trabajaba para Transavia hasta 2009, pasó ocho años en prisión preventiva en Buenos Aires bajo la sospecha de haber estado involucrado en los conocidos como 'los vuelos de la muerte', en los que opositores a la dictadura militar en los 70 eran drogados y arrojados al vacío desde aviones de transporte de la Fuerza Aérea.

Fueron varios de sus compañeros quienes se presentaron como testigos ante el tribunal asegurando que el propio Poch reconoció en su presencia haber participado en dichos vuelos, declaraciones que éste tildó de 'mentiras absolutas', pero que sirvieron para convencer en 2009 a las autoridades holandesas de promover su extradición.

A finales de 2017, fue absuelto por la Justicia argentina y volvió a Países Bajos, en medio de reclamaciones a Holanda para lograr una indemnización por daños y perjuicios.

El pasado marzo, la televisión holandesa NOS publicó un documento que revela que el Ejecutivo ocultó a la opinión pública el papel que había desempeñado el exministro de Justicia Hirsch Ballin en el arresto de Poch en Valencia (España), como estrategia para forzar su extradición a Argentina, dado que Holanda no puede extraditar a sus nacionales a Buenos Aires.

Los sucesivos gobiernos holandeses negaron durante una década el papel que se había jugado en la detención de Poch, pero dos notas ministeriales de 2009 y de 2008 filtradas a NOS recogen todos los detalles sobre la participación del Ejecutivo en la entrega del piloto.

Cuando Buenos Aires emitió una orden internacional de arresto contra Poch el Gobierno de La Haya estaba dispuesto a colaborar, pero no le era posible hacerlo directamente por cuestiones legales.

Durante una reunión con las autoridades argentinas en 2008 en Amstelveen, cerca de Ámsterdam, un funcionario de la Fiscalía holandesa 'sugirió explícitamente la posibilidad de arrestar a Poch en un tercer país', explicó en febrero el ministro Grapperhaus.

Finalmente, el expiloto fue detenido por la Policía española al salir de un avión de Transavia en Valencia y, como España sí tiene un tratado de extradición con Argentina, Poch fue enviado de inmediato a Buenos Aires.

Desde allí, no dejó de acusar a La Haya de haber dado información a Madrid sobre su paradero y de haberle 'traicionado', al entregarle sin pruebas. EFE

ir-cm/mr

EFE

Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.