HRW pide a Túnez poner fin a la persecución de activista LGTBI

Túnez, 29 ene (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) instó hoy a las autoridades tunecinas a poner fin a la persecución judicial contra el activista por los derechos LGTBI Mounir Baatour, debido a que una publicación en las redes sociales fue considerada 'ofensiva' contra el islam y que podría costarle hasta cinco años de prisión.

El pasado mes de noviembre un fiscal especializado en la lucha antiterrorista abrió una investigación contra el abogado y presidente de la asociación Shams, que defiende las minorías sexuales desde 2015, tras compartir un vídeo de terceros en su cuenta Facebook en la que se acusaba al profeta Mahoma de violación y asesinato.

'Puede que haya ofendido a ciertos tunecinos con esta publicación pero no es una razón para perseguirle en justicia', declaró la directora de la oficina de HRW en Túnez, Emna Guellali, en un comunicado de prensa.

Además, defendió que 'las leyes deberían utilizarse contra las verdaderas incitaciones a la violencia y no contra opiniones, incluso si son vulgares o consideradas ofensivas por ciertos grupos'.

Pese a que el país magrebí no criminaliza la apostasía, recordó la ONG, la justicia persigue a aquellas personas consideradas 'blasfemas' u ofensivas contra el islam u otras religiones, lo que calificó de 'violación' contra la libertad de expresión.

Asimismo explicó que, según la ley antiterrorista de 2015, se considera como acto terrorista el hecho de incitar al odio, a la animosidad entre las razas, las doctrinas y las religiones.

Por su parte Baatour negó la publicación de dicho vídeo y anunció haber abandonado el país y haber solicitado asilo en Francia tras recibir numerosas amenazas de muerte.

Además, subrayó el 'laxismo' de las autoridades locales y su incapacidad por asegurar su protección.

Un mes antes de este proceso, el también político se propuso como primer aspirante abiertamente gay a la carrera presidencial pero su candidatura no fue aprobada por la Instancia Superior Independiente de las Elecciones (ISIE), encargada de supervisar la consulta, por considerar que incumplía los requisitos formales.

La asociación Shams ha denunciado en numerosas ocasiones un 'acoso judicial' por parte de la Fiscalía General del Estado que exigía la suspensión de sus actividades por un presunto delito contra 'la moral' religiosa y que la justicia desestimó tras varios años de litigio.

Según su último informe, el año 2018 cerró con 'cifras récord' de represión a la diversidad sexual: 123 arrestos, 250 agresiones, más de 500 peticiones de asilo en el extranjero y tres asesinatos homófobos. EFE

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