Impiden trasladar estatuas del siglo XII de la residencia del dictador Franco

La Coruña (España), 13 nov (EFE).- El Gobierno regional de Galicia (noroeste español) no ha autorizado a los nietos del dictador Francisco Franco, muerto en 1975, a sacar de su residencia de vacaciones del Pazo de Meirás dos estatuas religiosas del maestro Mateo, escultor y arquitecto del siglo XII, que les pertenecen, según reconoció un juzgado de Madrid en su momento.

Las autoridades gallegas se basan en las medidas cautelares determinadas por un juzgado de La Coruña (noroeste) mientras se procede al inventario de bienes del inmueble, donde veraneaba el dictador y que los herederos deberán devolver al Estado español próximamente.

Fuentes del Gobierno gallego informaron este viernes de que la familia Franco había pedido retirar las dos esculturas, que representan a Abraham e Isaac.

Son obra del maestro Mateo, artífice del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela (patrimonio de la humanidad), y están declaradas bienes de interés cultural (BIC) por el Gobierno gallego, lo que obliga a los propietarios a comunicar a las autoridades previamente cualquier posible traslado, entre otras normas.

La solicitud de los Franco no puede ser atendida porque no se permite la retirada de bienes del pazo, ubicado en la localidad de Sada (La Coruña), hasta que no finalice el inventario que realizan técnicos de Patrimonio, cuya duración estimada es de veinte días.

'En tanto este inventario no se finalice y el juzgado no lo autorice expresamente, los propietarios no pueden retirar o trasladar ningún tipo de bien de la finca', precisaron las fuentes.

MEDIDAS CAUTELARES

El Juzgado de Primera Instancia de La Coruña pretende con estas medidas cautelares 'preservar la integridad' del inmueble antes de que el próximo 10 de diciembre, previsiblemente, se ejecute provisionalmente la sentencia que declara que es público y de que la familia Franco proceda a su entrega de forma voluntaria.

A primeros de septiembre pasado, la magistrada de La Coruña Marta Canales sentenció que el pazo pertenece al Estado y que la compraventa del 24 de mayo de 1941, con la que el dictador lo registró a su nombre, fue una simulación, una 'ficción', lo que determina su 'nulidad'.

La sentencia, que la familia anunció que recurrirá, concluye que el inmueble, declarado Bien de Interés Cultural en 2008, fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado español y no a Francisco Franco a título personal. Así que los herederos deben devolverlo sin recibir compensación alguna.

El inmueble ya había sido previamente vendido, en 1938, a una entidad (la Junta Pro Pazo del Caudillo) que buscaba conseguir el edificio como residencia veraniega para el dictador, y que se le donó en 1941, por lo que la Abogacía del Estado argumentó en el pleito que Franco, en realidad, no pagó nada por él.

Esa junta compró el edificio a los herederos de la reconocida escritora gallega Emilia Pardo Bazán (1851-1921), según la última documentación conocida. EFE

EFE

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