Jefe del gobierno tunecino denunciado por conflicto de intereses

Túnez, 19 jun (EFE).- La Instancia Nacional tunecina de Lucha Contra la Corrupción (INLUCC) reveló hoy un conflicto de intereses del primer Ministro, Elyes Fakhfakh, que posee acciones de una compañía que participa en licitaciones públicas y le instó a regularizar su situación en un plazo máximo de un mes.

En declaraciones a la radio local 'Shams FM', el presidente de la Instancia, Chawki Tabib, explicó que su organismo envió ayer un escrito para reclamar explicaciones al jefe del Gobierno, en el puesto desde el pasado 20 de enero, ya que incumple con la ley.

Por su parte, el ministro de Derechos Humanos y Sociedad Civil, Ayachi Hammami, declaró hoy que el jefe del Ejecutivo, que es además miembro del consejo de administración y representante de la empresa, ha comenzado un trámite para ceder su parte de las acciones.

En una reciente entrevista, Fakhfakh desveló que poseía el 20% del capital de una empresa especializada en medioambiente que trabaja con el Estado y negó cualquier conflicto de intereses.

'Cuando abandoné el Ministerio de Finanzas en 2013 no pedí al Estado que me reubicará en otro empleo. (...) Compré acciones en pymes y start-up para apoyar la inversión. Las empresas tunecinas constituyen una inversión y aquel que aplica la ley debe ser apoyado. ¿Tener una empresa se ha convertido en un crimen?', declaró el responsable.

El Parlamento tunecino aprobó en 2018 una ley contra el enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses, pionera en la región sobre transparencia, que obliga a los cargos públicos a declarar su patrimonio a la Instancia contra la Corrupción, encargada de realizar una investigación a fondo y verificar de forma sistemática los expedientes.

Otra de las novedades de este texto, es que el control se realiza en el momento de posesión del cargo, cada dos años y una vez abandonado el puesto así como en los casos en los que haya un cambio significativo en el patrimonio.

En caso de incumplir con su obligación, se enfrentan a una pena de hasta cinco años de prisión y multas de entre 300 y 3.000 euros, mientras que aquellos que ocupan cargos públicos verán confiscados dos tercios de su sueldo por cada mes de retraso.

La INLUCC fue creada en 2011 con el objetivo de luchar contra una lacra endémica que mancha todos los estratos de la sociedad y que fue uno de los alicientes de las revueltas populares que terminaron con la dos décadas de dictadura de Zine el Abedin Ben Ali.

Sin embargo se trata de una entidad provisional, dependiente del primer ministro, y que espera desde hace dos años a que el Parlamento nombre a sus miembros para poder ser reemplazada por una instancia constitucional independiente como marca la ley.

En el último informe mundial sobre corrupción de la ONG Transparencia Internacional, Túnez se situó en el puesto 74 de un total de 180 países. Un cambio baladí si se compara con el periodo prerevolucionario, en el que el país magrebí ocupaba el puesto 73. EFE

EFE

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