Justicia tunecina ordena la comparecencia del expresidente Marzouki

Túnez, 4 nov (EFE).- La justicia tunecina dictó una orden internacional de comparencia contra el expresidente Moncef Marzouki por un supuesto delito de 'complot contra la seguridad del Estado' tras haber instado a la comunidad internacional a retirar su apoyo al presidente de la República, Kais Said, al que acusa de 'golpista', informó hoy la agencia estatal TAP.

En una entrevista concedida tres semanas antes a la cadena francesa 'France 24', Marzouki, quien ocupó la jefatura de Estado entre 2011 y 2014 y que reside actualmente en París, pidió al gobierno francés suspender la 18ª cumbre de la Francofonía como medio de presión 'contra el golpe de Estado'.

La cumbre, prevista del 19 al 21 de noviembre en la isla de Djerba (sur) y que debía reunir a 88 países de todo el mundo, fue pospuesta en 2020 debido a la crisis sanitaria del coronavirus y fue aplazada de nuevo días antes de su celebración por un plazo de un año.

Dos días después de estas declaraciones, Said pidió al ministerio de Justicia abrir una investigación judicial y anunció que retirara su pasaporte diplomático al considerarle un 'enemigo' de Túnez .

'Desde el 25 de julio no he cesado de repetir a los enemigos y amigos de Túnez de no interferir en nuestros asuntos apoyando, directa o indirectamente el golpe de Estado', se defendió Marzouki en las redes sociales, que declaró 'no reconocer a Kais Said como presidente legítimo'.

En apoyo a este antiguo activista por los derechos humanos, un centenar de intelectuales - entre los que se encuentra la yemení Tawakkol Karman, premio Nobel de Paz 2011, o el líder opositor egipcio Ayman Nour- firmaron un manifiesto para denunciar un juicio 'ridículo' que, consideran, se trata de una venganza por su papel en la defensa de la Constitución tunecina.

Desde que el pasado 25 de julio el presidente decretase el Estado de excepción- que incluyó el cese del primer Ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida- ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de 'recuperar la paz social'.

Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como 'golpe de Estado', mientras otros consideran que se trata de una 'rectificación' de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.

Durante este periodo, la Justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares - arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a libertad de expresión, lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos. EFE

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