La batalla legal de la junta militar birmana contra Suu Kyi

Bangkok, 6 dic (EFE).- La depuesta líder de Birmania Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado del 1 de febrero, fue sentenciada este lunes a cuatro años de prisión por dos de los once cargos que la junta militar ha presentado en su contra desde la toma de poder.

Suu Kyi, que permanece retenida en un paradero desconocido y que a sus 76 años ha sufrido la fatiga de los numerosos juicios, fue hallada culpable por un delito de incitación a la revuelta y otro por vulnerar las leyes implementadas contra la pandemia.

Los procesos contra la nobel de la paz, que ya pasó más de 15 años en arresto domiciliario entre 1989 y 2010 bajo la anterior junta militar, transcurren de manera opaca e incluso la junta militar impuso a los letrados que la defienden la prohibición de hablar con los medios de comunicación.

A continuación se presenta un resumen sobre las acusaciones que enfrenta Suu Kyi:

- Un cargo de incitación contra los militares del artículo 505(b) del Código Penal, penado con un máximo de 2 años de cárcel, después de que su partido, la Liga Nacional para la Democracia, publicara tras el golpe de Estado una carta dirigida a las organizaciones internacionales donde pedía no reconocer a la junta militar.

- Dos cargos por vulnerar las leyes contra la pandemia, penado cada uno con un máximo de 3 años de prisión, por supuestamente violar las restricciones implementadas durante actos electorales en septiembre de 2020.

- Un cargo por violar la ley de telecomunicaciones, castigado con un año de cárcel, y por vulnerar la Ley de Exportación e Importación, penado con hasta 3 años, por la tenencia sin licencia de varios walkie-talkies y un inhibidor de señales.

- Una acusación por presuntamente violar la Ley de Secretos Oficiales, con un máximo de 14 años en la cárcel, por obtener, guardar y compartir documentos con información clasificada.

- Seis cargos de corrupción, castigados con hasta 15 años cada uno, por una serie de acusaciones tales como el supuesto uso fraudulento de fondos de una fundación caritativa que ella misma presidía, obtener descuentos en el arrendamiento de tierras o aceptar sobornos de 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro.

La lideresa también es acusada, aunque aún no se han presentado cargos formales, de fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020, en los que arrasó su partido.

El Ejército justifica el golpe por este presunto fraude masivo durante las elecciones generales, cuyo resultado ha sido anulado a pesar de contar con el aval de observadores internacionales.

El golpe de Estado militar sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Al menos 1.303 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los partes diarios de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 10.000 los opositores detenidos, entre ellos Suu Kyi. EFE

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