La CE estudia la ley que permite a Orbán gobernar por decreto indefinidamente
Bruselas, 30 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) está evaluando las implicaciones en materia de derechos humanos de la nueva legislación húngara, aprobada este lunes, que autoriza al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, a gobernar por decreto por tiempo indefinido para luchar contra el coronavirus.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, señaló que Bruselas está estudiando 'las medidas de urgencias que han tomado los Estados miembros respecto a los derechos fundamentales' e hizo una mención específica a la enmienda que ha votado este lunes el Parlamento húngaro con prácticamente toda la oposición en contra.
'Es notablemente el caso de la ley votada hoy en Hungría en relación al estado de urgencia y a las nuevas sanciones penales por la difusión de noticias falsas', señaló el comisario belga.
Una vez entren en vigor los cambios, aprobados con el rechazo de prácticamente toda la oposición parlamentaria, el Ejecutivo de Orbán podrá emitir decretos y decidir cuándo ha pasado la situación de emergencia bajo la que se ha justificado el cambio legal.
El Gobierno húngaro podrá, por ejemplo, suspender leyes y bloquear la divulgación de informaciones 'que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa' (frente a la epidemia) y aplicar penas de hasta cinco años de cárcel para los infractores.
Esta medida ha sido especialmente criticada por la oposición, ya que consideran que podría servir como un instrumento de censura y para silenciar las críticas, una preocupación que comparten organizaciones en defensa de los derechos humanos.
Reynders no especificó en su mensaje en Twitter los pasos que seguirá Bruselas para evaluar las consecuencias de esta legislación, si bien la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ya ha instado a la Comisión a determinar si las nuevas medidas cumplen con los valores fundamentales de la Unión Europea.
No respetar estos valores podría acarrear la activación del artículo 7 para, en última instancia, retirarle el derecho a voto en el Consejo, un frente que Bruselas ya abrió con Budapest en 2018 y no ha logrado de momento ningún cambio en las políticas o la actitud del Gobierno húngaro. EFE
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