La 'desoligarquización' de Zelenski impedirá a oligarcas financiar partidos

Moscú, 3 jun (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sometió a la Rada Suprema (Parlamento) un proyecto de ley para 'desoligarquizar' el país, que establece un registro especial de estas personas, a las que se les impedirá financiar partidos y comprar empresas estatales en grandes procesos de privatización.

El texto del proyecto de ley sobre la 'prevención de amenazas a la seguridad nacional relacionadas con la influencia excesiva de personas de importancia económica o política en la vida pública', anunciado el pasado 20 de mayo por el mandatario con motivo de sus dos años en el poder, fue publicado este jueves por la Rada Suprema.

'Nuestra primera prioridad es construir un país sin oligarcas', dijo Zeñenski en mayo.

De acuerdo con el documento, será el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania el que determinará quién es considerado un oligarca sobre la base de una recomendación del Gobierno, un miembro del Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Nacional, el Servicio de Seguridad o el Comité Antimonopolio.

El presidente ucraniano confirmó en mayo que el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ha identificado una lista de trece personas que supuestamente serán clasificadas como oligarcas, pero rehusó dar sus nombres.

Para decidir quién es un oligarca que debe ser incluido en el registro especial se tendrá en cuenta si la persona participa en la vida política, si puede influir en los medios de comunicación y si es el propietario final de una empresa que forme parte de monopolios naturales o ejerza una posición dominante en el mercado de productos básicos y mantenga o refuerce esta condición durante un año.

Además, pueden verse afectadas las personas cuyo valor de activos confirmado supere en un 1 millón de veces el salario mínimo de subsistencia (ahora en 83 dólares).

Un oligarca puede ser eliminado del registro si ya no se cumplen al menos dos de estas características.

Los oligarcas que figuren en el registro especial no podrán financiar -directa o indirectamente- partidos políticos y no podrán comprar o ser los beneficiarios en un proceso grande de privatización.

Además, altos cargos públicos estarán obligados a presentar una 'declaración de contactos' si mantienen algún lazo con un oligarca incluido en el registro o con un representante suyo.

Contactos implican una reunión y una conversación, incluso por internet, salvo que tengan lugar durante la participación del funcionario y el oligarca en eventos públicos que se transmitan, en sedes judiciales o en eventos oficiales.

Esta obligación se aplicará al presidente, al presidente del Parlamento y vicepresidentes, al primer ministro y los miembros del gabinete de ministros, viceministros, al presidente del Servicio de Seguridad y sus adjuntos, al Fiscal General, a jueces del Tribunal Constitucional, al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa y al presidente de la Comisión Estatal de RadioTelevisión.

También al presidente de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción y sus adjuntos, al director de la Oficina de Seguridad Económica y a todos los funcionarios de cierta categoría, jefes de administraciones locales y estatales, y militares, entre otros.

La ley expirará en diez años si no es renovada. EFE

EFE

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