La Fiscalía de la CPI acusa a Birmania de no cooperar en caso de los rohinyás

Dacca, 4 feb (EFE).- La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) acusó este martes a Birmania de no cooperar en la investigación que mantiene abierta contra el país asiático por los presuntos delitos cometidos contra la minoría rohinyá, que la ONU describió como ejemplo de 'limpieza étnica'.

'En una situación ideal deberíamos poder acudir a Birmania y recopilar información desde allí, pero desafortunadamente no podemos hacerlo porque Birmania no está cooperando con nosotros', afirmó en una conferencia de prensa en Dacca el jefe de la División de Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la CPI, Phakiso Mochochoko.

Mochochoko acudió a Bangladesh, donde viven cerca de 738.000 refugiados rohinyás, durante la primera visita al país de una delegación de esa oficina desde que la CPI autorizó en noviembre pasado la investigación formal de los crímenes contra esa minoría musulmana de Birmania.

BIRMANIA FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE CPI

La CPI autorizó la investigación al entender que parte de los delitos se habrían cometido dentro del territorio de Bangladesh, país que, a diferencia de Birmania, ratificó el Estatuto de Roma, carta fundacional de este tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) y que carece de jurisdicción en Birmania.

'Todos estamos de acuerdo en que esto es un desafío, pero no es un desafío insuperable', continuó Mochochoko, quien agregó que la falta de cooperación birmana 'no hará que la Oficina no pueda investigar ni encausar'.

El funcionario de la CPI señaló que el organismo ya se ha enfrentado en otras ocasiones a situaciones similares en las que los países se negaron a cooperar con el tribunal y negaron el acceso a su territorio de los fiscales, pero que finalmente pudieron completar sus investigaciones.

'Nos afectará en el tema del tiempo. Esto nos llevará un poco más de tiempo del que nos costaría si pudiéramos ir a Birmania', aseguró.

'Han pasado tres años desde que se cometieron los crímenes pero todavía se hará justicia, puede tomar un año, puede tomar dos años, puede tomar otros tres años, pero finalmente se hará justicia', enfatizó Mochochoko.

Cuando el tribunal autorizó las pesquisas, argumentó que existía 'una base razonable para creer que se han cometido actos de violencia generalizados y/o sistemáticos que podrían ser calificados como crímenes contra la humanidad, de deportación a través de la frontera entre Birmania y Bangladesh y de persecución por motivos étnicos y/o religiosos contra la población rohinyá'.

Además de este caso, el país asiático tiene abierto otro en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por un presunto delito de genocidio contra la minoría musulmana, tras una denuncia interpuesta por el Estado africano de Gambia.

Esa Corte de la ONU ordenó a principios de enero a Birmania que tomara medidas cautelares para proteger a los rohinyás y evitar cualquier acto contemplado en la Convención de Genocidio de 1948 contra esa comunidad.

Cerca de 738.000 refugiados rohinyá viven en campamentos en Bangladesh desde el 25 de agosto de 2017, tras la ola de persecución y violencia que desató el ejército birmano y que la ONU calificó como un ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio. EFE

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