La OMCT denuncia medidas 'liberticidas' en nombre de la lucha antiterrorista

Túnez, 11 dic (EFE).- La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) acusó hoy a las autoridades de Túnez de llevar a cabo medidas 'liberticidas y arbitrarias' en el marco de la lucha antiterrorista que 'erosionan' el Estado de Derecho.

En la presentación de su informe anual en la capital, la ONG denunció un control administrativo 'represivo' que el Ministerio de Interior ejerce protegido por el estado de emergencia impuesto en 2015 catalogando la peligrosidad de los individuos detenidos bajo la etiqueta de 'expediente S'.

'No se les notifican los cargos de los que se les acusa, así que deben adivinarlos. Son detenidos por su supuesta apariencia religiosa, pero no les dan ningún otro detalle. Cuando hemos reclamado una explicación, la mayoría de los informes son un copia y pega', afirmó la directora jurídica de la ONG, Helen Legeacy.

Estas medidas, que según la OMTC carecen de fundamento legal y control judicial, incluyen arrestos domiciliarios, acoso policial con interrogatorios continuos, registros en el domicilio o lugar de trabajo, así como la restricción de desplazamientos en el interior del país y en el extranjero.

'Es un sistema kafkiano, una vez que entras no hay una puerta de salida. Éste no promueve la seguridad, sino todo lo contrario: alimentar el extremismo violento, como ya lo hemos visto en otras ocasiones', declaró el secretario general de la ONG, Gerald Staberock.

A esto se suma el impacto psicológico y social que conlleva el estigma y la marginalización de las víctimas, pero también de sus familias, explicó la psicóloga del programa de asistencia SANAD, Rim Ben Ismail.

'No se sienten como ciudadanos, sino como clandestinos, en su propio país. Son considerados malas compañías que es mejor evitar y muchos se quedan en casa por miedo a cruzarse con la policía y a ser detenidos en cualquier momento. Esto provoca depresiones, divorcios y pérdida de empleo, entre otras cosas', señaló la especialista.

Aunque no existen cifras oficiales, se estima que cerca de 30.000 personas han sido catalogadas con el 'expediente S', de las cuales 800 han presentado denuncias ante la Justicia, aunque las escasas sentencias de liberación o anulación no han sido aplicadas por el Ministerio del Interior.

Uno de ellos es Mohamed Amine, de 29 años y originario de la ciudad costera de Susa, situada a 300 kilómetros de la capital, que fue acusado en 2015 de ser el presunto cerebro de un atentado terrorista.

'Vinieron el día de mi boda a mi casa, rompieron las puertas y me llevaron. Pasé seis meses en detención preventiva', relató a Efe, al tiempo que mostraba las heridas en la cabeza producidas presuntamente durante su detención.

'Me sacaban a las siete de la mañana para interrogarme en Al Gorjani (cuartel de las fuerzas especiales antiterroristas), me torturaban y me devolvían a mi celda a medianoche', agregó, antes de asegurar: 'Durante los interrogatorios me dieron muchos nombres y me amenazaron con que yo iba a pagar por todos ellos'.

'Cuando me soltaron, aseguraron que todo se debía a un homónimo, pero aun así cada vez que ocurre algo vuelven a buscarme', se lamentó el joven, que desde entonces tiene prohibido abandonar el país.

En este contexto, la OMCT instó al futuro Gobierno a suspender de inmediato las medidas de control administrativo e indemnizar a los afectados, así como reformar el marco jurídico para evitar este tipo de abusos. EFE

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