Las ayudas europeas a la recuperación estarán ligadas a planes de reformas

Bruselas, 28 may (EFE).- Las ayudas del fondo de recuperación de la Unión Europea (UE), del que España podría recibir 140.446 millones de euros, estarán vinculadas a que los países cumplan con planes de reformas estructurales e inversiones pactados con la Comisión Europea y avalados por el resto de socios.

El Ejecutivo comunitario subraya, no obstante, que esta condicionalidad no pude equipararse a la de los rescates financieros.

'Esto no es un programa de ajuste con un nombre diferente. Esta es una nueva herramienta, que es voluntaria y está basada en las prioridades establecidas a nivel nacional', dijo este jueves el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en rueda de prensa.

Gentiloni presentó, junto al vicepresidente comunitario Valdis Dombrvoskis, los detalles del nuevo 'Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia', la pieza central del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros anunciado ayer por Bruselas para hacer frente a la crisis generada por la pandemia.

Este contará con 560.000 millones de euros, de los que 310.000 millones se desembolsarán en forma de subvenciones a fondo perdido y 250.000 como préstamos, y de los que a España le corresponderían 140.466 millones de euros (77.324 millones en subvenciones y 63.122 millones en préstamos), un 21,4 % del total.

PLANES DE REFORMAS E INVERSIONES

Para recibir el dinero, los Estados deberán presentar planes de reformas estructurales e inversiones que respeten las recomendaciones económicas que les hace la Comisión cada año y estén en línea con las prioridades políticas europeas, en particular la transición digital y ecológica.

Bruselas pactará con los gobiernos la suma a recibir, las metas y el calendario para implementar estos planes, que serán propuestos por el propio país. Si constata que no se cumplen, podrá en última instancia bloquear el desembolso de los tramos de ayuda.

Los gobiernos deberán presentar su 'plan de recuperación y resiliencia' cada año en abril, junto a sus programas nacionales de reformas, o en octubre con los borradores presupuestarios para el año próximo, con lo que si España quiere recibir fondos ya en 2021 tendría que enviar su plan el próximo octubre.

En sus últimas recomendaciones, emitidas este mes, la Comisión ha pedido a España reforzar su sistema sanitario, mejorar las ayudas a las familias y la protección por desempleo, invertir en digitalización, innovación y mejoras de la productividad.

El plan tendrá que ser aprobado por la Comisión Europea, así como por el resto de Estados miembros, que podrán emitir una 'opinión vinculante' sobre el mismo, según explicó Dombrovskis.

'La decisión final dependerá de la Comisión, pero los Estados miembros tendrán que estar de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de aprobar o rechazar un plan antes de que la Comisión pueda avanzar', dijo.

LA COMISIÓN NIEGA INJERENCIAS

La Comisión, sin embargo, niega que esto suponga una injerencia.

'Esto no va de condicionalidad e intrusión de Bruselas (...), pero por supuesto la concesión de subvenciones está ligada a la implementación exitosa de las políticas', dijo Gentiloni, que argumentó que 'es una cantidad de dinero sin precedentes de la UE y debería ser gastado del modo correcto'.

A la hora de evaluar los planes la Comisión utilizará 'criterios transparentes', como comprobar si abordan los retos que Bruselas haya identificado en sus recomendaciones, si contribuyen a 'aumentar su potencial de crecimiento y la cohesión', así como a la transición ecológica y digital, explicó.

ESPAÑA, SEGUNDA BENEFICIARIA

Si cumple los requisitos, España podría optar hasta al 21,4 % del total de ayudas, solo por detrás de Italia, que recibiría el 26,4 % del total (hasta 172.745 millones).

Los dos países más afectados por el brote copan así casi el 50 % del fondo, y lo superan si se suma la dotación de Polonia, que sería el tercer beneficiario con un 9,8 % (63.838 millones), según los cálculos de la Comisión.

En general, los países del sur serán los más beneficiados -a Francia le correspondería un 6 % del fondo; a Grecia, un 4,9 %, y a Portugal, un 4 %-, mientras que hay 16 países que no llegarían a optar al 2 % del mismo, entre ellos los nórdicos, los bálticos y Bélgica, Holanda o Austria.

A la hora de calcular estas cantidades, la Comisión ha tenido en cuenta la prosperidad relativa de los países, la población y la tasa de desempleo. En cuanto a los préstamos, Bruselas fija el máximo que puede solicitar un país en el 4,7 % de su renta nacional bruta.

La Comisión quiere que el 60 % de los 560.000 millones de euros se comprometa antes del final de 2022, y los préstamos podrán solicitarse hasta finales de 2024, cuando dejará de estar en vigor el fondo.

Para que empiece a funcionar, no obstante, todavía se necesita la aprobación de los países y la Eurocámara. EFE

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