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Las estrategias fiscales de Centroamérica aumentan la deuda y la desigualdad

La discusión integral de la fiscalidad es, y ha sido, una demanda constante de diversos organismos

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Las estrategias fiscales de Centroamérica aumentan la deuda y la desigualdad
Migrantes centroamericanos, que forman parte de una caravana que espera llegar a la frontera con Estados Unidos, se desplazan por una carretera en Tapachula, en Chiapas, México, el jueves 28 de marzo de 2019. La emigración es empujada por la desigualdad en esa región. (AP/ISABEL MATEOS)

La realidad fiscal de Centroamérica no ha cambiado en los últimos años. Las estrategias implementadas por los Gobiernos de la región han privilegiado la sostenibilidad de la deuda y se alejan de la búsqueda del bienestar común, sin contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población y aumentando, cada vez más, la desigualdad.

La discusión integral de la fiscalidad es, y ha sido, una demanda constante de diversos organismos, como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que ha pedido en su último informe sobre este asunto, un cambio de 180 grados para asegurar el futuro de una región empobrecida y desigual.

Para fundamentar este argumento analiza determinados aspectos económicos de Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua que se detallan a continuación:

1. Gasto público: Cuatro años consecutivos en disminución

El gasto público promedio de la región ha descendido conforme al paso de los años, llegando en 2018 al 18,3 % del PIB después de registrar un 18,4 % en 2017 y un 19 % en 2016. Y según los presupuestos aprobados para el vigente periodo por los seis países analizados en 2019 alcanzaría el 18,2 %.

Los países que han adoptado una mayor política de austeridad son Honduras, que pasó del 20 % en 2017 al 19,1 % en 2018; Panamá, del 17,1 % al 13,6 % en el mismo periodo, y Costa Rica, con una contracción que pasó del 20,5 % al 20,2 %.

La reducción del gasto regional en 2018 se manifestó en los gastos de inversión, que pasaron del 3,6 % al 3,5 % del PIB, y que según el Icefi tendrá repercusiones a largo plazo, tanto en la “construcción de mejores condiciones de vida de la población como en el aumento de la productividad”, lo que afectará a la competitividad.

2. Sostenibilidad de la deuda: Base de la política fiscal

La región privilegia la sostenibilidad de la deuda como fundamento de la política fiscal, incluyendo en la legislación tributaria reglas fiscales explícitas que tratan de establecer condiciones de largo plazo para orientar el gasto público.

Pero este punto, que se da en un contexto en el que la percepción ciudadana de la corrupción y el desvío de los fondos públicos ha aumentado, olvida artículos de las Constituciones en los que se asegura que hay que privilegiar “la búsqueda del bien común”.

La sostenibilidad es más complicada para Costa Rica, con reforma fiscal, y El Salvador, con contracciones del gasto y mejoras administrativas recaudatorias. Los dos están tratando de que la deuda pública no crezca, algo “probable” para el Instituto regional, y eso descarta la posibilidad de mejorar el bienestar de la población.

Pero Honduras, con su plan de ajuste, y Guatemala, con una “mal interpretada disciplina fiscal”, tienen “los casos más dramáticos”. En ambos hay un descuido de los servicios orientados a la población y no se percibe ninguna mejora a corto y mediano plazo para sus habitantes.

3. Corrupción: El eterno mal

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional señala que Costa Rica, Guatemala y Nicaragua tuvieron “retrocesos” en su calificación, mientras que Honduras y Panamá la mantuvieron y El Salvador fue el único que reportó una mejoría en la percepción del uso de fondos públicos en 2018.

Nicaragua y Guatemala ocupan, respectivamente, los puestos 152 y 144 de un total de 180. Esta percepción ha provocado en Guatemala, y también en Panamá, que los políticos “soslayen” la discusión del tema fiscal bajo el supuesto que al mejorar el uso de los recursos se alcanzará la suficiencia fiscal y se atenderán los derechos básicos de los población.

4. ¿Gastar más o gastar menos?

Los candidatos han creado esta paradoja. Pero según el instituto regional la verdad es que, especialmente en los países del Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, Honduras y El Salvador- la reducción del gasto mantendrá las condiciones sociales a largo plazo, por lo que se continuarán expulsando a miles de personas.

5. Una carga tributaria insuficiente

Los ingresos fiscales continuaron siendo insuficientes y decrecientes y llegaron al extremo de que la carga tributaria regional pasó del 14,1 % del PIB en 2017 y 2016 al 14 % el año pasado, y en 2019 podría alcanzar el 13,6 %.

Los países que redujeron su recaudación tributaria, por la pérdida de eficiencia recaudatoria y administrativa, fueron Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua, aunque en este último se puede explicar por la crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril de 2018.

En el punto opuesto se sitúan El Salvador y Honduras, que mejoraron estas cifras como consecuencia de pequeñas reformas administrativas que rindieron frutos al corto plazo, aunque en ninguno de los países existe un plan público para combatir la evasión.

6. Déficit fiscal en aumento

Las políticas de austeridad y las reformas tributarias no han sido suficientes y ha habido una contracción de la carga tributaria que produjo que el déficit fiscal creciera del 2,5 % del PIB en 2017 al 2,7 % en 2018, pudiendo alcanzar según las proyecciones el 3,1 % en este año.

Este crecimiento ha provocado que la deuda pública regional alcanzara el 45 % del PIB en 2018, por encima del 42,8 % de 2017. Y por países, Costa Rica, El Salvador y Honduras han alzando “los valores críticos” establecidos por las instituciones financieras internacionales (mayor del 40 por ciento del PIB).

7. ¿La solución?

En este contexto, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales propone políticas fiscales que tengan estrategias de evaluación del gasto y destinar los recursos en beneficio del pueblo. Para ello pide planes concretos de combate a la evasión, la elusión tributaria o los flujos ilícitos de capitales.

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