Liberan a una prefecta opositora ecuatoriana detenida por supuesta rebelión

Quito, 24 dic (EFE).- Una Corte de justicia de Ecuador, con sede en Quito, decidió este martes revocar la prisión preventiva contra la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, quien llevaba 71 días detenida por supuesta rebelión durante las protestas que sacudieron al país a inicios de octubre pasado.

La Fiscalía del Estado, en su cuenta de Twitter, confirmó que la jueza subrogante Patlova Guerra aceptó el pedido de revocación de la prisión preventiva a la que estaba sometida Pabón y cambió esa medida cautelar por presentaciones periódicas ante la autoridad para continuar con el proceso.

'Pese a argumentación de Fiscalía, presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, aceptó revocatoria de prisión preventiva' para Pabón, así como para el exlegilsador Virgilio Hernández y el activista Christian González, contra quienes 'dictó presentaciones periódicas', señaló el Ministerio Público en su cuenta de la red social.

Decenas de simpatizantes de la prefecta Pabón y de los otros acusados celebraron el fallo judicial en los alrededores de la Corte de Pichincha y aseguraron que ahora podrían defenderse en libertad.

Además, aseguraron que Pabón retomará sus funciones de prefecta de Pichincha, ya que se espera que ella abandone la cárcel esta misma noche o mañana, miércoles.

Uno de los abogados de Pabón indicó que su cliente deberá llevar un dispositivo (grillete) electrónico de localización, otra de las medidas fijadas por la jueza Guerra.

La defensa de Pabón había solicitado el pasado 6 de diciembre su liberación inmediata, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera ciertas medidas cautelares en favor de ella y los otros dos detenidos.

Pabón y González habían sido detenidos tras las duras protestas de principios de octubre, contra unos ajustes económicos anunciados por el Gobierno, sobre todo la eliminación de un subsidio al precio de las gasolinas atado a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las manifestaciones, lideradas por el movimiento indígena que ocurrieron entre el 3 y el 13 de octubre, concluyeron luego de que el presidente ecuatoriano, Leníín Moreno, diera marcha atrás en su decreto sobre la eliminación del subsidio a los combustibles.

No obstante, Moreno interpretó como un intento de golpe de Estado a los actos violentos de las manifestaciones y culpó de ello, aunque sin pruebas concluyentes, al expresidente Rafael Correa (2007-2017), salpicando así a varios de sus seguidores como Pabón, Hernández, González y otros.

Tras las protestas, que dejaron una docena de muertos, más de 1.300 heridos y un millar de detenidos, la CIDH visitó el país para constatar la situación de los derechos humanos ante las denuncias de actos violentos provocados por los manifestantes, así como de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La CIDH consideró que se reunían 'los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad', por lo que solicitó al Estado ecuatoriano que adopte 'medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad' de los tres acusados. EFE

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