Los matrimonios forzados de los yihadistas en Mali llegan a la CPI

David Morales Urbaneja

La Haya, 14 jul (EFE).- La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, acusó hoy al supuesto yihadista Al Hassan Ag Abdoul de ser 'figura clave' en la política de matrimonios forzados en la ciudad maliense de Tombuctú, durante el tiempo en que estuvo controlada por los grupos armados Al Qaeda en el Magreb Islámico y Ansar Eddine entre 2012 y 2013.

'No es un caso contra el islam, ni contra una religión o sistema de derecho. Se trata de un caso de responsabilidad penal individual' en el que la Fiscalía 'demostrará todos los delitos cometidos por Al Hassan contra sus propios compatriotas', afirmó Bensouda en la apertura del juicio.

Al Hassan está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante sus labores como jefe 'de facto' de la Policía Islámica, la cual se constituyó en 2012 e impuso la 'sharía' (ley islámica).

Se le acusa de de haber hecho cumplir una política de matrimonios forzados 'para satisfacer los deseos sexuales' de los miembros de los grupos yihadistas que controlaban Tombuctú, dijo Bensouda.

'Las mujeres, las niñas y sus familias no tenían la opción de negarse' y 'fueron violadas' por militantes de Al Qaeda en el Magreb Islámico y Ansar Eddine, añadió la fiscal gambiana.

All parecer, la Policía Islámica detuvo a ciudadanos que no obedecían las normas impuestas por los grupos yihadistas, como la prohibición de bailar, la imposición de una vestimento y un velo que cubriera totalmente el rostro y el cuerpo de las mujeres o la obligatoriedad de separar a los niños y las niñas en las escuelas.

Al Hassan pudo haber participado personalmente en los castigos impuestos por los tribunales islámicos, como latigazos en público, amputaciones de manos y ejecuciones, las cuales se aplicaban sin un debido proceso legal previo, según la acusación.

Bensouda aseguró que el propio sospechoso reconoció, en un encuentro con investigadores de su oficina, que los residentes de Tombuctú 'no estaban familiarizados con esos castigos y estaban muertos de miedo', por lo que 'era consciente de la cruel represión' de sus hombres.

Entre las pruebas que se presentarán durante el juicio figuran fotografías y vídeos en los que se puede ver al propio acusado dando latigazos a ciudadanos que no habían respetado la 'sharía'.

'Mali merece justicia, las víctimas de los crímenes merecen justicia y este tribunal puede hacer una contribución relevante a la justicia', concluyó la fiscal Bensouda.

Ataviado a la usanza tuareg (uno de los grupos mayoritarios en el norte de Mali) Al Hassan escuchó las acusaciones sin apenas gesticular. Unos minutos antes, dijo que no podía responder si se declaraba culpable de los cargos que pesan contra él, por lo que el magistrado Antoine Kesia-Mbe Mindua interpretó que el sospechoso prefería 'permanecer en silencio'.

El juez denegó una solicitud de la defensa, que pidió no seguir adelante con las vistas orales hasta que se evalúe si el sospechoso está en condiciones de someterse a juicio, pues según la abogada Nicoletta Montefusco su cliente presenta síntomas de un trastorno de estrés postraumático, trastornos disociativos y delirantes.

La apertura del juicio continuará mañana, miércoles, y se espera que, tras el parón por las vacaciones de verano, se reanude el 25 de agosto con la presentación de las primeras pruebas y testigos de la Fiscalía.

Al Hassan, que fue detenido en marzo de 2018, también está acusado de participar en la destrucción de mausoleos milenarios que, a ojos de Al Qaeda en el Magreb Islámico y Ansar Eddine, eran contrarios a su visión maximalista y rigorista del islam suní porque albergaban tumbas de santos locales.

Los yihadistas, que incendiaron decenas de miles de manuscritos centenarios durante los meses en los que controlaron la ciudad, fueron expulsados por las fuerzas francesas en enero de 2013.

Al Hassan es el segundo sospechoso llevado a La Haya por el conflicto en Mali tras Ahmad al Faqi al Mahdi, que se declaró a sí mismo culpable y fue condenado a nueve años de cárcel por la destrucción de los mausoleos en Tombuctú, a los que la UNESCO había declarado Patrimonio de la Humanidad. EFE

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