Los migrantes en Túnez, el último eslabón de la precariedad

Natalia Román

Túnez, 29 abr (EFE).- La parálisis económica que vive Túnez a causa de las medidas para frenar la pandemia del COVID-19 ha golpeado duramente a millones de ciudadanos que comen y viven con lo que consiguen al día, pero de manera particular a miles de migrantes -en su mayoría irregulares-, que han quedado a merced de la caridad o de ayudas sociales que temen o desconocen.

Según cifras oficiales, en el país norteafricano hay cerca de 4.300 refugiados y demandantes de asilo, y unos 7.000 estudiantes extranjeros, originarios principalmente del África subsahariana.

Mientras la cifra de migrantes, más complicada de computar, se calcula en unas 57.000 personas, la mayoría de las cuales trabajan en sectores como la construcción, la hostelería y la limpieza doméstica.

'Cada organización tiene sus propias estimaciones pero ni si quiera el Observatorio Nacional de la Migración cuenta con un censo, es una de nuestras principales demandas', explica a Efe el portavoz del Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES), Romdhane Ben Amor.

Para tratar de aliviar la situación durante el confinamiento, el Ejecutivo anunció la prolongación de visados hasta el final de la crisis sanitaria y pidió a los propietarios de pisos alquilados que aplazasen los pagos de los meses de marzo y abril.

Medidas positivas pero insuficientes para las ONG, que denuncian su doble vulnerabilidad: en situación de exclusión y privados de ingresos, por lo que reclaman su regularización masiva con el fin de evitar una 'bomba de relojería sanitaria y social'.

MIEDO A LA EXPULSIÓN

En este contexto, el ministerio de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil ha optado, sin embargo, por poner en marcha una plataforma online para solicitar las ayudas del Estado que de momento no ha tenido éxito: desde que fue inaugurada tan sólo se han registrado unas 360 personas.

La razón, que 'quienes no tienen papeles temen que el Gobierno utilice sus datos personales para llevar a cabo expulsiones una vez termine la cuarentena', apunta Sébastien Lupeto, miembro de la Célula de Solidaridad Africana.

Esta iniciativa, formada por una docena de ONG, ofrece asistencia, distribuye alimentos y lleva a cabo campañas de sensibilización entre la comunidad subsahariana, que apenas comprende el árabe y desconoce las medidas del Gobierno y los trámites administrativos.

'Hemos recibido un millar de peticiones y tratamos de dar prioridad a los casos más graves como mujeres embarazadas, madres solteras y personas que han sido expulsadas de sus casas por no poder pagar el alquiler , explica, por su parte, el coordinador de la asociación Liderazgo y Desarrollo en África(ALDA).

ABOCADOS A LA POBREZA

Con sueldos precarios y sin ninguna cobertura social, ahorrar es un lujo, se lamenta Bleso Ohiry Danielle, una joven de Costa de Marfil que llegó al país en 2016 tras abandonar sus estudios de contabilidad por falta de medios.

'Me dijeron que los sueldos eran de 500 euros pero cuando llegué aquí me di cuenta de que se trataba de 500 dinares (150 euros) y que el único trabajo al que podía acceder como mujer subsahariana es el de la limpieza', recuerda Danielle, que asegura sentirse 'atrapada' desde mucho antes de que empezara el confinamiento.

Cuando el Gobierno decretó el cierre total, la familia para la que trabajaba decidió prescindir de sus servicios 'hasta que esto termine'.

Desde hace mes y medio ni ella ni su pareja, que trabaja como soldador, han visto un sólo dinar de sus sueldos y aunque asegura comprender el miedo de las familias, no puede evitar preguntarse cómo pagará el próximo mes de alquiler, que se lleva la mitad del salario, por lo que recurre a las asociaciones caritativas.

Thierry Ndassi, abandonó su Camerún natal en 2015 ante la falta de expectativas económicas trató tres veces cruzar el Mediterráneo de forma irregular desde Libia pero a la tercera, el pesquero tunecino que lo socorrió en alta mar lo dejó en Túnez.

Sin ningún documento oficial, perdidos durante su periplo, Ndassi no puede optar a un permiso de residencia, a un contrato de trabajo ni a la indemnización de 200 dinares (63 euros) que el Gobierno ha ofrecido a los empleados del sector privado.

'He pedido un avance a mi jefe y he llegado a un acuerdo con el casero para pagar sólo la mitad de este mes y así poder enviar dinero a mi madre, viuda y con nueve hijos', confiesa este aprendiz de carpintero que sueña con ser abogado.

RIESGO DE ESTIGMATIZACIÓN

Alaeddine Dridi, responsable de proyecto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), advierte del riesgo creciente de estigmatización y discriminación.

'Clasificar a los migrantes puede engendrar falsas ideas sobre un supuesto valor añadido de ciertas nacionalidades mientras que otras son una carga para el Estado, lo que puede crear un desequilibrio en el tratamiento de los expedientes', señala Dridi.

La única clasificación plausible, insiste este jurista, es hablar de migración voluntaria o forzosa- demandantes de asilo y refugiados- y 'todos ellos contribuyen al desarrollo de un país'. EFE

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