Más de 2.000 muertos tras tres años de conflicto en el norte de Mozambique

Nairobi, 7 oct (EFE).- Más de 2.000 personas han muerto y 300.000 han sido desplazadas de la provincia de Cabo Delgado (norte de Mozambique) desde octubre de 2017; fecha en la que el grupo armado Al Shabab, sin relación con la organización homónima somalí, comenzó su campaña de terror en el país, reveló hoy Amnistía Internacional.

'Tres años después de que comenzaran los enfrentamientos en la provincia de Cabo Delgado en Mozambique, las víctimas de este conflicto con más de 2.000 muertos no están cerca de obtener justicia, verdad ni reparación (alguna)', denunció este miércoles AI en un comunicado.

Miembros de la milicia autodenominada Al Shabab, que posee vínculos con el Estado Islámico (EI), atentaron por primera vez hace tres años contra varias instituciones gubernamentales, además de una comisaria en la que murieron dos policías, del distrito de Mocímboa da Praia (Cabo Delgado).

Desde entonces, este tipo de ataques armados solo ha ido en aumento, siendo también víctimas la población civil de esta región rica en piedras preciosas (rubíes) y proyectos de extracción de gas natural de los que participan grandes multinacionales como la italiana ENI o la estadounidense Anadarko.

Según Amnistía Internacional, solo en los primeros cuatro meses de 2020 los ataques violentos perpetrados en Cabo Delgado por parte de Al Shabab aumentaron en un 300 % respecto al mismo periodo de 2019.

'Este grupo armado es responsable de un sufrimiento inimaginable en Cabo Delgado. Han reducido a cenizas los hogares de la gente mediante coordinados ataques incendiarios, han matado y decapitado a civiles, han saqueado alimentos y propiedades y han obligado a cientos de miles a huir de sus hogares', describió la directora de AI para el sur y el oeste de África, Deprose Muchena.

Estos ataques se producen además en un contexto de inseguridad marcado también por la violencia del Ejército mozambiqueño, acusado en su campaña antiterrorista de ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias de sospechosos yihadistas.

'Hay evidencia de que las Fuerzas de Seguridad también han cometido delitos de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales', confirmó Muchena, quien culpa al Gobierno mozambiqueño de impedir que la prensa, tanto local como internacional, pueda investigar libremente sobre ello.

'Las violaciones contra la población civil deben terminar de inmediato. Las autoridades de Mozambique deben garantizar que ningún presunto autor, ni siquiera miembros de las Fuerzas de Seguridad, quede impune', sentenció esta ONG. EFE

EFE

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