Misión de la ONU sobre crímenes en Libia podrá empezar a funcionar en breve

Una misión internacional creada por la ONU para investigar las numerosas violaciones a los derechos humanos perpetrados en Libia desde inicios de 2016 podrá empezar a trabajar en breve tras la designación hoy de sus tres integrantes, quienes realizarán sus pesquisas con el apoyo de un equipo técnico.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció el nombramiento del exministro de Justicia de Marruecos Mohamed Auajar, la jurista jamaiquina Tracy Robinson y el profesor de Derecho Internacional Chaloka Beyani, de Zambia y también con nacionalidad británica, como los tres miembros del grupo.

Esta misión fue creada el pasado junio en la última sesión en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos, que consideró necesario contar con un mecanismo específico para investigar los abusos a los derechos humanos y las normas humanitarias cometidos por todas las partes que se enfrentan en Libia para hacerse con el poder.

Libia se precipitó en el caos tras la caída y muerte del dictador Muamar el Gadafi en 2011 y, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para estabilizar el país, la lucha por el poder la mantiene sumida en un guerra civil.

'Este cuerpo (de expertos) servirá como un mecanismo esencial para encarar la impunidad generalizada de las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos y puede servir igualmente para evitar que se cometan otros delitos', señaló Bachelet en un comunicado.

Entre los delitos registrados en Libia en los últimos años figuran asesinatos, torturas, violencia sexual, secuestros, desapariciones forzadas e incitación a la violencia a través de las redes sociales, todo ello en medio de una ausencia total de justicia.

La población en general ha sido víctima de esta situación, que han sufrido de manera particular inmigrantes y refugiados, al ser Libia el país de tránsito más utilizado por quienes intentan llegar a Europa de modo irregular.

Además, la guerra civil ha obligado a gran número de activistas y periodistas a abandonar el país.

EFE

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