Nuevo ministro de Seguridad salvadoreño dice que revisarán las leyes penales

San Salvador, 27 mar (EFE).- El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló este sábado que se hará una 'revisión integral' de todas las leyes procesales y penales para dar una 'pronta justicia' a los casos de homicidio y desapariciones.

Villatoro fue nombrado el viernes por el presidente Nayib Bukele como el nuevo titular de Seguridad en sustitución de Rogelio Rivas.

El ministro se reunió hoy con los directores de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, y de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, y otros miembros del Gabinete de Seguridad para socializar una 'nueva estrategia' para combatir la inseguridad, según informó la Presidencia que no brindó detalles de lo abordado en el encuentro.

Villatoro indicó en una conferencia de prensa, tras la reunión, que 'se hará una revisión integral de todas las leyes. Los códigos procesal y penal tienen más de 20 años sin ser actualizados, los delitos son migrantes y necesitamos actualizarnos para darle a la gente pronta y cumplida justicia'.

'Desde el Ministerio de Seguridad vamos a trabajar en todo eso, en reformar leyes para que haya seguridad y justicia en El Salvador (...) vamos a promover todo tipo de iniciativa dentro de nuestra Policía para que nuestros agentes se sientan orgullosos y dignos de portar sus uniformes', apuntó.

Villatoro era el superintendente del Sistema Financiero del país centroamericano desde junio de 2020 hasta el viernes y también dirigió la Dirección General de Aduanas durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), en prisión por corrupción.

En el acto de nombramiento, el presidente Bukele señaló que con el nuevo ministro 'se empezará una nueva estrategia que nos permita reducir' los homicidios y desapariciones.

Sin embargo, y hasta el momento, no se ha explicado en qué consiste esa nueva estrategia.

Pese a una sensible baja en la violencia en los últimos años, El Salvador es asediado por las pandillas criminales Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que también posee la facción Sureños, integrada por unos 60.000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional y a quienes se les atribuyen la mayoría de los homicidios que se registran en el país.

También a estas bandas se les atribuyen desplazamientos forzados de ciudadanos que viven en zonas populosas o rurales del país centroamericano.

El Gobierno Bukele, atribuye la baja de homicidios a su plan de control territorial.

Este estrategia, que concentra a unos 9.000 miembros de la Policía y del Ejército, fue lanzado en junio de 2019 y las dos primeras fases, según lo aseguró en su momento el mandatario salvadoreño, fueron financiadas con recursos propios del Ejecutivo.

Para la tercera fase el Gobierno solicitó un préstamo de 109 millones de dólares.

El dinero fue otorgado en octubre de 2019 por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero debió ser avalado con los votos de 56 diputados, mayoría calificada, en la Asamblea Legislativa, lo que no sucedió. EFE

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