Nuevos indicios de corrupción en compras para afrontar pandemia en Honduras

Tegucigalpa, 14 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras (TSC) presentó al Ministerio Público un informe con nuevos indicios de corrupción en la compra de siete hospitales móviles, equipo y materiales, entre otras cosas, para enfrentar la pandemia de COVID-19.

El informe contiene 'indicios de responsabilidad penal en seis hechos detectados en compras y contrataciones ejecutadas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), en la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19', indicó este miércoles el TSC.

La información del TSC la recibió el martes el Ministerio, ente que ha abierto 22 líneas de investigación sobre las compras y otras acciones que hizo Invest-H en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, que se comenzó a expandir en marzo en el país.

Las primeras denuncias sobre supuesta corrupción en las operaciones de Invest-H fueron hechas por organizaciones de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Los seis hechos detectados por el TSC son irregularidades en la compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento; inconsistencias en la adquisición de ventiladores mecánicos' e 'inconsistencias en el proceso de compra de 250.000 pruebas para COVID-19, las que además se dañaron por mal manejo'.

Se suman la 'contratación de empresa de familiar del director ejecutivo de Invest-H (Marco Bográn, obligado a renunciar en junio), inconsistencias encontradas en la compra de mascarillas' y negligencia del 'Consejo Directivo de Invest-H', que 'no intervino oportunamente en compras realizadas'.

SIETE HOSPITALES TODAVÍA NO FUNCIONAN

De los siete hospitales móviles comprados en Turquía en marzo, a un coste que ronda los 48 millones de dólares, dos llegaron el 10 de julio para ser instalados en San Pedro Sula, norte del país, y en Tegucigalpa, centro, pero todavía no están funcionando. Las dos ciudades son las más importantes del país centroamericano.

Se espera que el de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que con Francisco Morazán son los principales epicentros de la pandemia de la mortal enfermedad, comience a funcionar mañana, dijo hoy la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

Otros dos nosocomios, que serán instalados en Santa Rosa de Copán y Choluteca, en el occidente y sur del país, llegaron el domingo, mientras que de los tres restantes no se tiene fecha precisa de su arribo a Puerto Cortés, en el Caribe.

Algunas fuentes médicas aseguran que los sanatorios móviles no son indicados para atender casos de COVID-19, pero autoridades sanitarias aseguran que sí servirán para eso.

En los primeros dos hospitales, que llegaron en julio, venían equipos y aparatos vencidos, según informó en su momento el Ministerio Público.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, dijo la semana pasada que no se ha iniciado una acción penal contra Bográn por el caso de los siete hospitales móviles, porque no han llegado todos al país.

Bográn, quien sí fue acusado en los tribunales por otros delitos en los que habría incurrido, se defenderá en libertad, según una resolución, de la semana pasada, de un juzgado de Tegucigalpa, lo que ha causado indignación entre los hondureños, porque consideran que, de nuevo, la impunidad sigue protegiendo a los corruptos.

MANEJO INADECUADO DE LA PANDEMIA

El TSC, en su informe dirigido al fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, le pide 'proceder a realizar las acciones correspondientes, debido a que existen indicios de responsabilidad penal relacionados a la adquisición de 7 hospitales móviles (3 de 91 camas y 4 de 51) y 7 plantas de tratamiento de desechos médicos'.

También hay indicios de responsabilidad penal en la 'compra de insumos de bioseguridad personal y equipo biomédico, así como la supervisión de planteles donde se instalarían dichos hospitales, entre otros', subraya el informe que recibió el fiscal general.

Se concluye, según el TSC, que Invest-H, sin consultar a su Consejo Directivo como máxima autoridad, y este, sin ejercer las obligaciones que manda la Ley de la Cuenta del Milenio, con base en ser su máxima autoridad, desembolsó más de 61 millones de dólares, 'identificando, de acuerdo al informe, perjuicios a la salud y la economía del país'.

Además, los desembolsos, 'lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el COVID-19, impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada'.

El informe, indicó el TSC, 'reviste características de solidez y profesionalismo', y 'contiene elementos para acreditar la existencia de indicios de responsabilidad penal, mismo que servirá de soporte al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal pública ante los tribunales'.

La pandemia de COVID-19 en Honduras sigue en alza y hasta hoy ha dejado 2.528 muertos y 84.852 contagiados, según el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). EFE

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