ONG de Paraguay señalan violaciones en proceso por supuesto apoyo a guerrilla

Asunción, 27 may (EFE).- La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), que aglutina a varias ONG, denunció este miércoles presuntas violaciones del debido proceso de dos campesinos procesados como supuestos colaboradores del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo armado de izquierda que opera en el norte del país.

Se trata de los hermanos Gregorio y Víctor Morales, presos desde hace más de cuatro años en Concepción, capital del departamento del mismo nombre, región en el que el EPP actúa de forma esporádica con ataques a haciendas ganaderas y fincas agrícolas, y donde en el pasado realizó varios secuestros.

La Codehupy, que acompaña el caso junto con el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), afirmó en un comunicado que el proceso penal contra los hermanos 'se sostiene en indicios y testimonios no corroborados, además de un contexto de abierta criminalización de líderes sociales en el norte del país'.

También responsabiliza al Ministerio Público 'de una persecución penal' en relación a los crímenes atribuidos al EPP y en este sentido refiere que el caso de los Morales 'reconoce el mismo patrón de violaciones judiciales'.

Y concreta que la acusación de la Fiscalía 'no está basada en pruebas procesalmente consistentes sino solamente en indicios' recogidos en un informe policial basado en testimonios anónimos 'no corroborados en juicio'.

Asimismo, la Codehupy resalta que diversos medios de comunicación 'dieron cuenta de que una de las pruebas es una lata de leche en polvo que habría sido comprada por Gregorio y Víctor y posteriormente hallada en un presunto campamento del EPP'.

La Codehupy señala que desde hace años los pobladores del norte del país denuncian todo tipo de abuso de poder de la Fiscalía y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), grupo mixto policial y militar que persigue a los grupos armados en esa región.

Además, el organismo cuestiona la existencia legal de la FTC al considerar que 'el empleo de fuerzas militares en tareas de seguridad interna no está autorizado por la Constitución Nacional'.

La FTC fue creada en 2013 a través de una ley, aunque en el Senado hay un proyecto de un partido minoritario para eliminarla ante la falta de resultados en la lucha contra el EPP.

La Coordinadora resalta que de los procedimientos de la FTC y la Fiscalía surge 'la criminalización campesina' que 'presenta a los líderes sociales y sus organizaciones como aliadas del EPP, aunque no lo puedan probar en tribunales'.

Y concluye que ello se traduce en una presión a jueces 'para condenar basados en una narrativa estigmatizante del movimiento campesino (...), más preocupada por ofrecer resultados a la prensa y la opinión pública que a investigar objetivamente y con apego al debido proceso'.

El EPP, fundado en 2008, lleva varios meses sin realizar acciones armadas de envergadura.

Mientras que las fuerzas del orden siguen sin conocer el paradero del policía Edelio Morínigo, secuestrado en 2014 y de quien el EPP solo entregó una prueba de vida al comienzo del cautiverio.EFE

EFE

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