ONG salvadoreña pide anular reforma que permite 'trato inhumano' en cárceles

San Salvador, 2 dic (EFE).- La organización humanitaria Cristosal pidió este lunes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador que anule parcialmente una reforma a la ley penitenciaria que permite, a su juicio, tratos 'inhumanos' en las prisiones del país centroamericano.

La Asamblea Legislativa salvadoreña volvió permanentes, mediante una reforma a la Ley Penitenciaria, una serie de 'medidas extraordinarias' en las prisiones implementadas en 2016 como parte de una ofensiva contra las pandillas.

Abraham Ábrego, director de Acompañamiento a Víctimas de Cristosal, explicó a periodistas que buscan que los jueces anulen tres artículos relacionados con la restricción de la visita familiar, el régimen estricto en las cárceles de máxima seguridad y el aislamiento prolongado de los reos.

De acuerdo con el abogado, dichas normas son inconstitucionales por la 'ambigüedad' y 'amplitud' que permiten a los jefes de las prisiones para su aplicación.

'Al volverlas generales y permanentes impactan en los derechos de las personas privadas de libertad', sostuvo Ábrego.

Añadió que el aislamiento de los presos de sus familias es una de las acciones que se 'consideran prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes'.

La demanda de inconstitucionalidad presentada por Cristosal, junto a la organización Azul Originario, establece que los derechos de los presidiarios y sus familias que supuestamente se han vulnerado son los de integridad, a una relación familiar y el de los niños a tener contactos con sus padres.

'Esta demanda se basa en un estudio que hicimos el año pasado (2018) para medir el impacto que tuvieron las medidas extraordinarias', acotó.

Estas medidas se implementaron inicialmente en las prisiones con reos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, pero en la reforma aprobada no se hace distinción, por lo que son aplicables a todas las cárceles.

La suspensión de las visitas y el encierro permanente de los reos ha sido criticado en diversas ocasiones por organizaciones sociales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las Naciones Unidas.

Al convertir estas 'medidas extraordinarias' en un régimen permanente, los diputados dieron un portazo a la petición del ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein, quien había pedido poner fin a esta política.

Tras finalizar una visita al país centroamericano en noviembre de 2017, Zeid advirtió que estas medidas 'han colocado a miles de personas en detención prolongada y aislamiento bajo condiciones realmente inhumanas'. EFE

20191202 https://www.diariolibre.com

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