ONU denuncia persistentes ataques a sus colaboradores en países de A.Latina
EFE
Ginebra, 29 sep (EFE).- Los ataques a activistas, periodistas y otras personas que han ayudado a las Naciones Unidas a destapar casos de abusos en los derechos humanos continúan en todo el mundo, y también en países latinoamericanos como México, Guatemala, Cuba, Venezuela, Colombia o Nicaragua, destacó hoy un informe de la ONU.
El informe anual fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la subsecretaria general de la ONU Ilze Brands Kehris, y recoge denuncias de represalias contra al menos 240 colaboradores con la ONU en 45 países, entre ellos seis citados en Latinoamérica.
El expediente más voluminoso en la región es el de Venezuela, donde el informe constató 'múltiples denuncias de intimidación y represalias contra defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil que cooperaron con Naciones Unidas'.
Estos colaboradores son a menudo tachados de 'criminales', 'mercenarios', 'terroristas' y 'enemigos del Estado' en lugares de internet ligados al Gobierno de Venezuela, e incluso se les ha calificado en esos términos en foros de la ONU, lamentó Brands Kehris.
El documento también subraya que las condiciones de algunos detenidos en Venezuela han empeorado en los 12 meses estudiados a raíz de que cooperaran con la ONU, caso del capitán de la Armada Luis de la Sotta, privado de libertad desde hace más de tres años.
Destaca por otro lado la detención arbitraria este año -aunque fueron posteriormente liberados- de cinco miembros de la ONG Azul Positivo, de ayuda a personas con VIH/sida.
El informe continuó el seguimiento del conocido caso de la jueza venezolana Lourdes Afiuni, privada durante años de libertad desde que en 2009 ordenara la libertad del banquero venezolano Eligio Cedeño por recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas.
Los tribunales dieron la libertad condicional a la jueza en 2019, aunque en noviembre de 2020 rechazaron la apelación de ésta a su más reciente condena a cinco años de prisión, pese a las aparentes irregularidades del proceso.
El caso de Afiuni, subraya el informe, 'es emblemático y ha generado un extendido miedo entre los jueces del país a dictar sentencias contrarias a la voluntad del Gobierno'.
Sobre Nicaragua, el informe expresa su preocupación por la adopción hace un año de la llamada 'Regulación de Agentes Extranjeros', que aumenta la restricción de actores de la sociedad civil, incluyendo a colaboradores con la ONU.
La nueva ley prevé la supresión de organizaciones que obtienen fondos del extranjero si se determina que éstas interfieren en los asuntos internos de Nicaragua o 'amenazan su independencia, soberanía y estabilidad', algo que la ONU teme que sea usado contra asociaciones de derechos humanos que colaboran con ella.
En México, el informe destaca que miembros del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que ha documentado violaciones de los derechos humanos en el estado de Jalisco, han sufrido amenazas, ataques a través de internet y fueron sometidos a vigilancia tras cooperar con agencias de la ONU.
Entre los casos individuales en ese país destacó el de Alma Delia Reyna, activista por los derechos de las mujeres presas, quien se vio obligada a dejar su localidad natal por ataques recibidos, que incluyeron el secuestro de su hijo.
Sobre Colombia, se subraya que continúan los acosos contra cooperantes como el capitán de policía Wilmer Orlando Anteliz González, que colaboró en años anteriores con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunciando lazos entre el cuerpo policial de Tolima y bandas criminales locales.
En los últimos 12 meses Anteliz ha sufrido un allanamiento de morada, fue trasladado a una remota zona rural en Norte de Santander y un compañero suyo fue asesinado por dos hombres armados, en lo que se sospecha que fue un ataque inicialmente dirigido contra el capitán.
En Cuba, el informe recuerda las amenazas e interrogatorios policiales que aún sufren activistas como Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, y Yamilka Abascal Sánchez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, esta última después de haber viajado a la sede de la ONU en Ginebra.
Sobre Guatemala se denuncian represalias contra jueces y fiscales que trabajaron junto a la ONU en la investigación de casos para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en un delicado momento por la reelección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. EFE
abc/si
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