Oposición de Nicaragua asume demanda de autonomía indígena del Caribe

Managua, 29 oct (EFE).- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció este martes que ha asumido como propia la demanda de autonomía de los pueblos indígenas del Caribe de Nicaragua, reclamada al presidente Daniel Ortega, en medio de la grave crisis sociopolítica actual.

'Nos solidarizamos con los pueblos de la costa Caribe y asumimos sus demandas históricas e instamos a mantener la lucha cívica en alto, porque juntos lograremos una Nicaragua para todos, inclusiva, interétnica y multicultural', anunció la Alianza, en un comunicado.

La costa Caribe de Nicaragua fue declarada autónoma el 30 de octubre de 1987, y dividida en dos regiones, norte y sur, sin embargo, Ortega 'ha impuesto gobiernos comunales y territoriales paralelos; conformados en la mayoría integrantes del partido de gobierno', que han anulado la autodeterminación, según la Alianza.

La agrupación opositora, única reconocida como interlocutor del Gobierno por la comunidad internacional, reflejó los reclamos de los indígenas y afrodescendientes desde que Ortega retomó el poder en 2007.

Entre los reclamos están, además de la autonomía, la invasión 'de colonos armados (que) ha provocado asesinatos, secuestros, lesiones de líderes comunitarios y desplazamiento forzoso'.

También señalan la deforestación de '1,5 millones de hectárea de bosques en los últimos 10 años', violaciones a los derechos humanos, polarización política, e irrespeto por las costumbres de las etnias locales y negación de justicia.

'El proyecto de autonomía (...) aún no se materializa (..) estas poblaciones viven en pobreza extrema, con inseguridad alimentaria, con sus riquezas naturales saqueadas, sus instituciones autonómicas secuestradas', resaltó la Alianza.

Los indígenas nicaragüenses están entre los sectores que se sumaron a las protestas masivas contra Ortega en 2018, y que continúan de forma disgregada luego de que cientos de manifestantes murieron, fueron arrestados o desaparecieron, miles resultaron heridos y decenas de miles huyeron al exilio.

Actualmente 7 de 12 comunidades indígenas son sujetos de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), pero el Gobierno hace caso omiso, según la oposición.

La Alianza Cívica y otros movimientos sociales de Nicaragua reclaman la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, debido al saldo letal de las protestas y a la suspensión de derechos constitucionales como la vida, la libertad de reunión, organización, movilización, información y prensa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabiliza al Gobierno de Nicaragua por 328 muertos en un año y medio de violencia, y le acusa de cometer crímenes 'de lesa humanidad'.

Movimientos locales y organismos internacionales han pedido a Ortega que adelante las elecciones programadas para 2021, como salida pacífica a la crisis, sin embargo el presidente de Nicaragua sostiene que la petición es un intento de 'golpe de Estado'. EFE

EFE

Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.