¿Para qué sirve la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo?

Bruselas, 23 mar (EFE).- Varias organizaciones educativas plantearán este martes de manera telemática sus protestas contra la LOMLOE en el Parlamento Europeo mediante una comisión parlamentaria a la que cualquier ciudadano puede advertir sobre infracciones del derecho europeo en su entorno.

Comparecerán de manera remota representantes de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos; la Asociación Familias Numerosas de Madrid; la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, y la plataforma “Educación Inclusiva, Sí. Especial, También”, así como una persona a título individual.

Se dirigirán al Parlamento Europeo para alertar sobre sus preocupaciones por una potencial vulneración de los derechos y libertades de las familias españolas en cuanto a la educación de sus hijos y el derecho a la educación de los niños con discapacidad en centros especializados.

Estas quejas las acogerá la Comisión de Peticiones, un órgano de la Eurocámara al que los ciudadanos pueden remitir avisos sobre incumplimientos del derecho europeo por parte de los Gobiernos nacionales.

Pueden iniciar una petición los ciudadanos y residentes en la UE, así como las empresas y organizaciones que tengan su domicilio social en territorio comunitario, de manera individual o colectiva, y la queja debe referirse a alguno de los ámbitos de actuación de la Unión Europea.

Tras escuchar las peticiones, esta comisión, que preside la española Dolors Montserrat (PP) durante esta legislatura, puede pedir más información al Gobierno de un país, al de la región a la que se refiera la queja, o a la Comisión Europea.

También puede remitir el asunto a otra comisión parlamentaria para que ésta decida si incluirlo en su orden del día o no, y tiene capacidad para enviar misiones de información para entrevistarse con los responsables de las peticiones que efectúan los ciudadanos.

En cualquier caso, un debate en la Comisión de Peticiones no equivale a una investigación de un asunto concreto por parte de la Unión Europea o la Comisión Europea; este organismo no tiene capacidad legislativa ni judicial sobre los casos que recibe y tampoco puede invalidar una decisión de un Estado miembro o gobierno regional.

Sí que puede servir para, como destaca la Eurocámara en un informe de 2019, “movilizar a las instituciones y a los Estados miembro tanto en relación con las cuestiones que ocupan un lugar central en el debate político como con las cuestiones ‘huérfanas’ o ‘latentes’”.

Este mismo informe destaca dos casos españoles sobre los que se presentaron peticiones al Parlamento Europeo: el accidente en el metro de Valencia de julio de 2006 en el que fallecieron 43 personas y el descarrilamiento de un tren cerca de Santiago de Compostela en 2013, con 82 víctimas mortales.

En el primer caso, el Parlamento valenciano creó una comisión especial de investigación sobre el accidente tras los contactos de los eurodiputados con las autoridades, mientras que en el segundo se estableció otra comisión especial en el Congreso y se pidió a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea un informe sobre la aplicación y ejecución de la seguridad e interoperabilidad de los ferrocarriles en España. EFE

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EFE

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