Paraguay hace públicas las declaraciones de bienes de altos cargos públicos

Asunción, 24 jun (EFE).- La Contraloría General de la República (CGR) comenzó a difundir este miércoles las declaraciones juradas de bienes de altos cargos del funcionariado paraguayo entre 1998 y 2017, entre ellos de expresidentes y políticos del país, lo que ha sido considerado un hito en el proceso de transparencia de la información pública.

Ello después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara hace tres semanas como inconstitucional la decisión de una administración anterior de la Contraloría para mantener el secretismo de esos datos, cuyo acceso era exigido por los medios de prensa locales.

Fue el caso de la acción promovida en julio de 2018 por el entonces contralor general Enrique García, imputado por presunta corrupción, después de que se negara a dar datos a un medio local luego de sentencias favorables en primera y segunda instancia.

La CGR informó en su portal, donde los ciudadanos pueden buscar los informes, que ha colgado los primeros 2.000 datos de bienes de un total de 150.000 que irán saliendo, entre los cuales figuran exjefes de Estado, exvicepresidentes, senadores, diputados, ministros de Corte, fiscales generales y contralores generales, así como intendentes y concejales.

Al respecto, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) informó en su página web que Paraguay tendrá ahora la oportunidad para generar cambios de estructuras que 'han perjudicado a sus instituciones y desfavorecido a innumerables personas que buscan mejorar su calidad de vida que solo se presentan cuando la corrupción está ausente'.

'Este hecho histórico será un paso firme para consolidar la lucha contra la corrupción mediante su actor más importante: la ciudadanía', destacó IDEA en un comunicado, al enfatizar que el control ciudadano sobre los actos de gobierno 'se verá fortalecido'.

La difusión pública llegó tras el veto total ejercido dos semanas atrás por el actual jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, a una ley que despenalizaba el falseamiento de la declaración jurada de bienes aprobada por la Cámara de Diputados.

Esa despenalización, que declaraba el falseamiento de datos de los funcionarios como objeto de multa o error administrativo, había motivado el rechazo en las redes sociales y medios locales que consideran que alienta la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

Y la consideración por parte de algunos analistas de que la sanción legislativa contravenía el proceso de revisión de leyes punitivas impulsado por el Gobierno para adecuarlas a estándares internacionales contra delitos que persiguen la corrupción pública y el lavado de activos vinculados al terrorismo.

Ello en el marco del compromiso de Paraguay para el cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), a cuya evaluación está sometida el país suramericano.EFE

20200624 https://www.diariolibre.com

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