Penas de cárcel para agentes lusos por la muerte de un ucraniano
EFE
Lisboa, 10 may (EFE).- Tres inspectores del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) de Portugal fueron hoy condenados a penas de entre 7 y de 9 años de prisión por un delito de 'ofensa a la integridad física agravada' por la muerte de un ciudadano ucraniano cuando estaba retenido en un aeropuerto.
El Tribunal Criminal de Lisboa condenó a dos de ellos a 9 años de prisión, por tener más años de servicio, y al tercero a 7 años, por provocar al ucraniano Ihor Homenyuk lesiones traumáticas que, esposado y boca abajo, le produjeron asfixia mecánica y finalmente a la muerte.
El juez consideró que no tenían intención de matarlo y no eran conscientes de que las lesiones que le provocaron podían acabar en un desenlace fatal, por lo que no fueron condenados por homicidio y cumplirán pena por ofensa a la integridad física agravada.
El caso estalló en marzo de 2020, cuando Homenyuk, de 40 años, llegó a Portugal para encontrar trabajo y fue retenido a su llegada al aeropuerto de Lisboa.
Allí, en una sala del servicio de fronteras, le provocaron lesiones corporales graves y le dejaron tumbado boca abajo con las manos esposadas a la espalda.
Horas después, al ver que no respondía, los inspectores llamaron al servicio médico, que certificó su muerte.
Los inspectores, que están en prisión domiciliaria desde marzo de 2020, negaron las acusaciones durante todo el proceso, en el que atribuyeron lo ocurrido, entre otros factores, a las condiciones de seguridad y de detención del servicio de fronteras.
En su sentencia, el juez pidió también que se investigue a otros inspectores, elementos de seguridad, auxiliares y coordinadores que no hicieron nada para auxiliar a Homenyuk.
EL SEF, DISUELTO TRAS EL CASO
El caso de Homenyuk precipitó incluso la disolución del Servicio, que mantendrá apenas tareas administrativas, y el resto de sus funciones fueron transferidas a otros cuerpos.
Bajo el nombre de Servicio de Extranjeros y Asilo (SEA), perderá sus funciones policiales, que se repartirán entre la Policía de Seguridad Pública (PSP), en aeropuertos; la Guardia Nacional Republicana (GNR), en fronteras marítimas y terrestres, y la Policía Judicial (PJ).
Sus más de 1.600 trabajadores se integrarán en esos cuerpos apenas con tareas administrativas, como emitir pasaportes, visados o autorizaciones de residencia.
El Gobierno portugués anunció en diciembre que pagaría una indemnización a la familia de Homeniuk, que finalmente ascenderá a 712.950 euros, cantidad definida por la Defensoría del Pueblo.
Este anuncio se produjo días después de que la viuda del ciudadano ucraniano revelase en una entrevista que tuvo que afrontar sin ayuda los gastos de repatriación y que, hasta ese momento, ningún miembro del Gobierno portugués se había puesto en contacto con ella. EFE
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