Piden medidas preventivas en el caso que obligó a dimitir al primer ministro
EFE
Túnez, 20 jul (EFE).- La Instancia Nacional tunecina de la Lucha Contra la Corrupción (INLUCC) instó hoy a la Justicia a adoptar medidas preventivas, incluida la prohibición de abandonar el país y la congelación de cuentas bancarias, contra los sospechosos del escándalo de corrupción que la semana pasada obligó a dimitir al primer ministro, Elyes Fakhfakh.
La petición se produce una día después de la Fiscalía y al tribunal especializado en delitos económicos y financieros presentara un segundo informe en el que detalla los acuerdos entre el Estado y el consorcio de empresas en el que participa el jefe del Ejecutivo, que supuestamente demostrarían el presunto delito de 'conflicto de intereses', además de otros como corrupción financiera y administrativa y evasión fiscal.
El viernes, la Instancia General de Servicios Públicos y la Dirección General de Impuestos publicó dos criticados informes preliminares que revelaron irregularidades en el proceso de licitaciones públicas y en los acuerdos concluidos entre la Agencia Nacional de Gestión de Desechos y 'Valis', una de las empresas investigadas.
En este contexto, varios partidos políticos sin representación parlamentaria y organizaciones sociales han pedido a Fakhfakh que abandone el Ejecutivo en funciones 'de forma inmediata' y delegue su poder a uno de sus ministros para poder frenar una crisis política 'sin precedentes'.
La crisis se precipitó a mediados de junio, fecha en la que la INLUCC presentó un informe ante la Asamblea en le que concluía que el primer ministro había cometido un delito de 'conflicto de intereses' por no haber declarado su participación como accionista en cinco compañías que han ganado contratos por valor de 15 millones de euros con el Estado ni sus beneficios propios, y le instó a regularizar su situación en un plazo máximo de un mes.
Concluido ese plazo, el partido conservador de tendencia islamista Ennahda, primera fuerza en el Cámara y socio de Gobierno de Fakhfakh, anunció que tenía los apoyos necesarios para presentar una moción de censura que de haberse producido le habría conferido el derecho a presentar un candidato alternativo.
El primer ministro, que niega los cargos y que un día antes había amenazado con una remodelación del Gobierno, se vio, sin embargo, obligado a presentar su renuncia tras una reunión con el presidente de la República, Kaïes Said, quien ahora tiene el derecho a designar un sustituto.
Según la Constitución, el nombre debe conocerse antes del próximo 27 de julio y el elegido deberá lograr el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento en el plazo máximo de un mes, con la opción de ampliarse 30 días.
En caso de que lo logre en el tiempo establecido, el Parlamento se disolverá y se convocarán nuevas elecciones en el plazo de tres meses.
La Asamblea tunecina aprobó en 2018 una ley contra el enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses, pionera en la región sobre transparencia, que obliga a los cargos públicos a declarar su patrimonio a la Instancia contra la Corrupción, encargada de realizar una investigación a fondo y verificar de forma sistemática los expedientes.
Otra de las novedades de este texto es que el control se realiza en el momento de posesión del cargo, cada dos años y una vez abandonado el puesto, así como cuando haya un cambio significativo en el patrimonio.
En caso de incumplir con su obligación, se enfrentan a una pena de hasta cinco años de prisión y multas de entre 300 y 3.000 euros, mientras que aquellos que ocupan cargos públicos verán confiscados dos tercios de su sueldo por cada mes de retraso. EFE
EFEFehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.
Continuar con Google