Preparan demandas ante amenaza de una nueva ley de amnistía en El Salvador

San Salvador, 3 ene (EFE).- El activista de derechos humanos Benjamín Cuéllar dijo este viernes a Efe que una organización a la que pertenece prepara diferentes demandas ante la amenaza de la aprobación en el Congreso de El Salvador de una nueva amnistía para los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil (1980-1992).

Diferentes organizaciones sociales han señalado que el Congreso busca aprobar una ley de reconciliación nacional con artículos que amnistían de 'facto' estos crímenes.

Cuéllar, miembro de la iniciativa Víctimas Demandantes (Vidas), señaló que si los diputados aprueban esta ley sin el respaldo de las organizaciones sociales y de las víctimas, presentarán una denuncia ante la Fiscalía para que los procese por 'incumplimiento de deberes'.

Añadió que también pedirían a la Corte Suprema que 'declare inaplicable' dicha normativa y presentarían una demanda de inconstitucionalidad.

Un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 anuló la ley de amnistía de 1993 y ordenó al Congreso emitir una nueva legislación que garantice a las víctimas el acceso a la justicia y a medidas de reparación.

Tras más de tres años de emitida dicha sentencia y dos prórrogas para crear la legislación, los diputados tienen como plazo final el próximo 28 de febrero.

No obstante, Cuéllar considera que los legisladores no aprobarán una ley que cumpla con los parámetros establecidos por los jueces constitucionales.

'Lo que han hecho es el intento de aprobar una nueva ley de amnistía, no han hecho buenas consultas' con las víctimas, concluyó el abogado, quien fue uno de los letrados que presentó la demanda que resultó en la anulación de la amnistía de 1993.

El presidente del Congreso de El Salvador, Mario Ponce, aseguró a mediados de diciembre pasado que el órgano de Estado prepara una propuesta única de ley de 'reconciliación nacional'.

Explicó que 'los técnicos están tratando de fusionar los dos proyectos, sacar las diferencias que existen para poder tener un documento único de debate y estudio'.

Se trata de la propuesta preparada inicialmente por una comisión de diputados, cuestionados por ser militares retirados, exguerrilleros o estar vinculados con el supuesto encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, y otra presentada por las víctimas.

La anulación de esta ley ha permitido la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989). EFE

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