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Presidente regional catalán pide al Supremo medidas contra su inhabilitación

Barcelona (España), 8 ene (EFE).- El presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, solicitó este miércoles al Tribunal Supremo medidas cautelares frente la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) española de inhabilitarle en su cargo, una orden que 'no acatará'.

La JEC decidió el pasado viernes retirar la credencial de diputado regional de Torra, lo que implica en la práctica su inhabilitación como presidente regional, en respuesta a una sentencia judicial en ese sentido de diciembre pasado tras el recurso presentado por partidos de la derecha española (PP, Ciudadanos y Vox).

Torra fue condenado el pasado 19 de diciembre a un año y medio de inhabiltación por su negativa a cumplir las instrucciones del organismo sobre la neutralidad política de los edificios públicos durante una campaña electoral, al no retirar de las sedes del Gobierno regional catalán mensajes a favor de los políticos secesionistas presos.

La petición al Supremo fue dada a conocer hoy por la portavoz del Ejecutivo autonómico catalán, Meritxell Budó, quien, a la espera de la respuesta del tribunal, dejó claro que el político independentista 'no acatará' la decisión de la JEC.

Un día después de conocerse la decisión del organismo electoral español, el Parlamento regional catalán aprobó un texto rechazando la inhabilitación de Torra y ratificándolo en su cargo.

Budó remarcó el 'firme compromiso' del Gobierno regional a esa resolución y consideró que la JEC 'no tiene competencias para decidir sobre la pérdida de condición de un diputado' de la Cámara autonómica. EFE

Además de a Torra, la JEC acordó, casi de manera consecutiva, retirar la condición de eurodiputado al líder del partido independentista de izquierda ERC, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por un delito de sedición, después de que el tribunal de Estrasburgo reconociera su inmunidad y le habilitara para acudir a Bruselas a recoger sus credenciales.

Esa decisión está también en manos del Tribunal Supremo. EFE

nac-ajs/ie

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