Procesan por sedición a periodista indígena guatemalteca al difundir protesta

Guatemala, 28 oct (EFE).- Una jueza guatemalteca vinculó a proceso judicial este miércoles a la periodista indígena Anastasia Mejía Tiriquiz por los supuestos delitos de sedición, incendio y atentado con agravación de la pena durante una protesta violenta el pasado 24 de agosto en un municipio del norte del país.

La jueza Susy Cabrera, titular del juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché, en el departamento de Quiché, a unos 160 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, tomó como base para su decisión el video que la propia Mejía grabó durante su transmisión en vivo de las protestas de comerciantes frente a la Alcaldía de Joyabaj (en dicho departamento), que culminaron con el incendio de muebles y saqueo del despacho edil.

Mejía, sin embargo, refrendó este miércoles en su audiencia de primera declaración, con documentos, su oficio de periodista acreditada por diversas entidades, como el medio digital Prensa Comunitaria y la radio digital por la que transmitió los eventos del 24 de agosto, Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV de Quiché.

El Ministerio Público (Fiscalía, MP) señaló a Mejía y a la presidente de la Asociación de Comerciantes Rurales de Joyabaj, Petrona Siy Castro, de haber promovido la manifestación en contra del alcalde del municipio en cuestión, Florencio Carrascoza. También está acusado por el mismo caso el abogado particular Manuel Hernández.

SEÑALADA POR SU TRANSMISIÓN

Según la Fiscalía, Mejía sabía con antelación de la manifestación y durante la misma dio un manotazo en la nariz a una agente de la Policía Municipal de Tránsito, además de que participó en la entrega de unas pinzas para abrir las puertas de la Alcaldía.

De acuerdo a la acusación, también tuvo que ver con la entrega de la gasolina para la fogata donde la turba de manifestantes incineró muebles y documentos del municipio, además de robar equipo médico.

La jueza descartó el señalamiento del robo, pero avaló el proceso en contra de la periodista, que se basó en la transmisión que ella misma hizo.

Entrevistar a algunos de los manifestantes, sorprenderse con un sonido de risa, saludar a comerciantes y haber sido ignorada por la turba -que destruyó las cámaras de la Municipalidad- fueron elementos de prueba de la Fiscalía validados por la jueza durante la audiencia de primera declaración este miércoles, que tardó 36 días en llevarse a cabo desde la captura de la periodista.

Mejía aseguró que se dedicó a transmitir en vivo las acciones y a hacer su trabajo como periodista. Dijo, además, que había sido invitada a cubrir la entrega de un pliego petitorio de Siy como representante de comerciantes al alcalde Carrascoza y que el funcionario los rechazó, lo que indignó a la población y provocó la manifestación de manera instantánea.

En el momento en que se acumuló la gente frente a las puertas del edificio municipal, Mejía indicó que fue empujada por las personas y que pudo haber sido en ese momento que golpeó accidentalmente a la policía de tránsito, que estaba resguardando el ingreso al despacho.

MEZCLA DE IMPUTACIONES

El código penal guatemalteco describe la sedición como el delito que cometen 'quienes, sin desconocer la autoridad del Gobierno constituido, se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir con violencia (...) deponer a alguno o algunos de los funcionarios o empleados públicos' o 'ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes' entre otros incisos.

La defensa de la periodista indígena enfatizó, sin embargo, que la Fiscalía no precisó en su imputación el tipo de supuesta sedición que cometió Mejía, por lo que la tesis carecía de validez, además de que se mezclaba con la acusación de 'atentado' contra la agente por el supuesto manotazo, lo cual sería 'inviable'.

La jueza admitió la medida sustitutiva de prisión para los imputados, pero les estableció una multa de 20.000 quetzales (2.570 dólares) para salir con prisión domiciliaria, y la obligación de firmar el libro de actas cada mes en el mismo juzgado, además de brindarle a la Fiscalía tres meses para profundizar su investigación.

Mejía Tiquiriz fue concejal municipal de oposición del municipio de Joyabaj, elegida popularmente en el período 2016-2020 y su actual proceso judicial ha sido criticado por varias organizaciones sociales que exigen su liberación. Además, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) acompaña su caso.

El año pasado fueron registradas 104 agresiones contra periodistas, según un informe de la organización humanitaria Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala. EFE

EFE

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