Provincia argentina suspende reforma minera tras protestas por el agua
Buenos Aires, 26 dic (EFE).- El Gobierno de la provincia argentina de Mendoza suspendió este jueves la aplicación de la reforma de la ley de minería provincial, que habilitaba el uso de químicos como el cianuro, tras las masivas manifestaciones de los últimos días en contra de la normativa ante el riesgo de una contaminación del agua.
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que suspendió la reglamentación de la ley 9.209, con la cual se modificó la norma de minería 7.722, que fue aprobada el viernes pasado en la Legislatura de esta provincia del oeste de Argentina.
GOBIERNO DE MENDOZA CONVOCA AL DIÁLOGO Y NO DESCARTA CONSULTA POPULAR
'La prioridad es garantizar la paz social. No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino. Vamos a convocar al arzobispado, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las universidades, a las distintas organizaciones al diálogo. No vamos a hacer nada sin consenso social', declaró Suárez en una conferencia de prensa en Mendoza.
El mandatario provincial no descartó llamar a una consulta popular tras los incidentes ocurridos durante las protestas del lunes.
'Queremos llegar (a un acuerdo) en base al diálogo, dejando de lado la violencia por sobre todas las cosas. No queremos encapuchados, ni un espacio público dañado en Mendoza, ni policías heridos. Hay un solo objetivo que es el crecimiento de Mendoza, de este modelo que necesita un cambio', subrayó el gobernador.
La ley provincial de minería 7.722 había sido aprobada en 2007 y prohibía el uso de sustancias químicas contaminantes como el cianuro y el ácido sulfúrico en la industria minera metalífera.
La reforma impulsada por el nuevo gobernador provincial, de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, modificó la normativa para permitir el uso de estos químicos en la minería, lo que habilitaría nuevos proyectos para extraer oro, cobre y otros minerales.
PROTESTAS EN DEFENSA DEL AGUA
Estos cambios legislativos generaron un amplio rechazo popular y multitudinarias manifestaciones en distintos puntos de Mendoza hasta converger en una masiva marcha el lunes pasado en la capital del distrito, a unos mil kilómetros al oeste de Buenos Aires, que dejó un saldo de 40 detenidos y varios heridos.
Ambientalistas y ciudadanos alertaron del riesgo de contaminación de los cauces de agua que bajan de las altas cumbres de la cordillera de los Andes y que son indispensables para la supervivencia humana y la producción en viñedos y otras plantaciones agrícolas.
Horas antes de que Mendoza decidiera suspender la aplicación de la reforma legislativa, el ministro de Ambiente nacional, Juan Cabandié, expresó este jueves su 'preocupación' por la protección del agua en Mendoza porque su cartera 'tiene competencia a partir de la ley de glaciares y de la ley de gestión ambiental del agua'.
'Tenemos claro que la Constitución Nacional establece que estos recursos son de las provincias, y la ley 7.722 es un tema de Mendoza, pero el agua es un tema de todos', declaró Cabandié a la radio AM 530.
La organización ambientalista Greenpeace consideró que la nueva legislación 'atenta contra la protección de los recursos hídricos de la provincia' y 'generará la contaminación del agua'.
EL GOBIERNO DE MENDOZA PROMETE INFORMAR SOBRE LA MINERÍA Y EL AGUA
El gobernador de Mendoza aseguró este jueves que realizará una convocatoria al diálogo para que la gente se informe de forma 'genuina' porque 'es muy fácil inculcar el miedo y la confusión en la sociedad'.
'Aquí viven mis hijos, mis nietos y lo que más quiero es cuidar el agua', afirmó.
Suárez remarcó en tanto su objetivo de generar empleos y habilitar proyectos mineros para ampliar la matriz productiva de la provincia: 'Podemos generar más de 50.000 puestos de trabajo sin afectar ninguna cuenca del río'.
El rechazo social en Argentina a la minería se incrementó luego de los derrames de agua cianurada que se produjeron en septiembre de 2015 y años después en la mina de oro de Veladero de la compañía Barrick Gold, que contaminaron varios ríos de la provincia de San Juan, vecina a Mendoza. EFE
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